Sociedad
La Iglesia en Zamora avanza en transparencia, seguridad jurídica y buen gobierno
La Diócesis zamorana es la segunda en Castilla y León tras la de Burgos que implementa un programa de cumplimiento para prevenir posibles delitos
La Diócesis de Zamora es, tras la de Burgos, la segunda en implementar un programa de ‘Compliance’ (‘Cumplimiento’) para “garantizar la transparencia, el buen gobierno y la seguridad jurídica” de “todas” las personas. “Somos la segunda diócesis que lo pone en funcionamiento, aunque las dos lo aprobamos el mismo martes en los colegios y en los consejos de economía”, precisó el obispo de Zamora, Fernando Valera.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, se modificó el Código Penal y se desarrolló la Ley Orgánica /2010, que introdujo el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Por ello, llevamos meses desarrollando este programa, que tiene más de 4.000 folios que van a prevenir la aparición de delitos en la diócesis de Zamora. Con este proyecto, se implantan medidas para respetar el código ético de la entidad, se apuesta por una política de buen gobierno corporativo y se sigue trabajando en la transparencia que toda organización precisa”, apuntó.
En este contexto, monseñor Valera Sánchez recalcó que el ‘Compliance’ “se aplicará en la curia diocesana”, de manera que afectará al propio edificio del Obispado, la gestión de la Diócesis y quienes tengan un contrato con ella. “Todo esto se construye desde el elemento inspirador del Evangelio, es decir, no seríamos coherentes si el programa no se sostuviera sobre los valores del Evangelio.”, subrayó.
Por su parte, el letrado Israel López explicó que ‘Compliance’ tiene su inicio “histórico” en el mundialmente conocido caso del ‘Watergate’. “El departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que había que practicar políticas de buen gobierno y políticas éticas aplicadas a las empresas, sobre todo a todas las que trabajaran con otros países”, comentó.
“Esto llega a España a través de las modificaciones legislativas, con la modificación de 2015 del Código Penal, en cuyo artículo 31 bis se establecen los protocolos que tienen que llevar las empresas y las instituciones para poder eximirse de una responsabilidad en caso de que se produzca algún hecho ilícito dentro de la empresa o de la institución”, añadió.
1200 cuestionarios
La aplicación del programa de ‘Compliance’ en la Diócesis “no ha sido fácil”, ya que es “un ente muy grande, vivo, que ha habido que auditar y analizar, área por área”, reconoció. “Hemos desengranado las áreas, hecho unos 1.200 cuestionarios, punto por punto, en 42 delitos que puedan ser susceptibles de cometerse en cualquier empresa o institución, y eso ha generado una serie de mapas de riesgo, que establecen qué puntos son más susceptibles”, anotó.
Israel López puntualizó que ello “no significa que se vaya a producir ningún delito, sino que hay que cuidar qué actitudes o actividades pueden acercarse a esa comisión” y apostilló: “Es muy importante establecer cómo va a funcionar el programa y cómo le va a poder afectar a nuestros trabajadores, que son un punto fundamental de la Diócesis. Es enriquecedor porque se va a formar a todos los miembros de la Diócesis respecto a qué actitudes y qué actividades son susceptibles o peligrosas”.
De esta forma, la Diócesis ya ha aplicado un “canal anónimo de denuncias” que ofrece tres vías, concretamente, coreo electrónico, carta postal y un buzón para que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho ilícito o susceptible de que sea ilícito “lo pueda poner en conocimiento” del Comité de Compliance.
“Hay un canal ético y un régimen disciplinario que se tendría que desarrollar en caso de que suceda algún hecho. Lo que va a generar es continuar en nuestra labor de transparencia, en la que somos el número uno en las diócesis de España, y continuar con unas políticas de buen gobierno que garantizan que la Institución esté completamente sana y viva”, aseguró.
López Campos puso como ejemplo la recepción de una denuncia anónima, que llega a la Comisión de Compliance. “Se evalúa y se hace una investigación. Con los datos que se obtengan, si es susceptible de un delito que tiene que ser investigado, se le da traslado a la Fiscalía. En una situación interna laboral, por ejemplo, lo que se tendrá que hacer es ver qué tipo de sanción se le aplica al trabajador abrir un procedimiento sancionador, con un despido, mandar al trabajador para casa sin empleo y sueldo, aplicando lo que nos marca el Estatuto de los Trabajadores”, expuso.
“Los delitos más susceptibles siempre son los económicos. Ahí podemos tener tráfico de influencias, cohecho, estafa... Pero eso no significa que esos delitos hayan sucedido o puedan suceder”, subrayó.
Por último, el letrado recordó que “se puede no tener, pero es como un seguro”, ya que es posible “no tener” un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo. “Si mañana pasa algo, tenemos una situación jurídica que va a perjudicar a la Diócesis. Estableciendo un programa de Compliance, garantizamos la transparencia, el buen gobierno y damos una seguridad jurídica a todas las personas integrantes o no de la Diócesis. Si no lo tienes y pasa algo, lo pagas”, advirtió.
✕
Accede a tu cuenta para comentar