La Junta de Castilla y León impulsa una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales adaptada a los retos actuales

La Junta de Castilla y León ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, que sustituirá a la normativa vigente desde 2003. Esta iniciativa, que nace del consenso entre administraciones, cuerpos policiales y agentes sociales, responde a la evolución del papel de las policías locales y busca modernizar su organización, funciones y formación, adaptándolas a las demandas actuales de la ciudadanía y del entorno normativo.

Tras más de veinte años desde la aprobación de la Ley de 2003, el nuevo texto legal aborda de manera integral las necesidades de los cuerpos de policía local. El texto ha sido fruto de un amplio proceso de participación, con cinco grupos de trabajo sectoriales, una consulta pública con 44 aportaciones y numerosos informes jurídicos y técnicos. Entre otros, ha recibido dictamen favorable del Consejo de Cooperación Local, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Castilla y León. Las novedades más destacadas del nuevo anteproyecto de ley de coordinación de policías locales son:

-Mejora de las condiciones de prestación del servicio policial.

-Seguridad jurídica en aspectos controvertidos.

-Mayor homogenización.

-Promoción de la carrera profesional.

-Mejora del estatuto personal de los efectivos policiales.

El anteproyecto se alinea con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Ley de Bases del Régimen Local, garantizando la autonomía municipal y reforzando al mismo tiempo la coordinación autonómica.

La nueva ley se aplicará al personal funcionario de carrera de los cuerpos de policía local y prohíbe las contrataciones laborales o interinas, en coherencia con el carácter especializado y armado del colectivo.

Además, el Consejo de Gobierno dio luz verde al Plan Regional de Ámbito Territorial, promovido por Somacyl, cuyo objeto es la generación de oferta de extensión de 557.658 metros cuadrados de suelo industrial de carácter público en la provincia de Burgos, vinculado al corredor estratégico de la A-231 (Autovía del Camino de Santiago). Esta actuación, a la que se destinan 11,5 millones de euros, da continuidad a las políticas autonómicas de desarrollo de suelo productivo que se están impulsando en diferentes enclaves de la Comunidad para facilitar la implantación de actividades productivas y logísticas en tipologías de mediana y gran industria, en respuesta a las necesidades actuales.

La iniciativa parte de unos terrenos que fueron planificados para el desarrollo de una actuación industrial originalmente municipal y vinculada a la ampliación del polígono industrial local, pero que ahora se reorientan para la generación de una oferta de suelo gestionada por la administración autonómica y mejor adaptada a las demandas actuales.

Mediante el plan se revisan y reconsideran condiciones de ordenación urbanística general y detallada, así como las de actuación y urbanización no culminadas ni ejecutadas, del siguiente modo:

-Determinaciones de ordenación general: el plan se limita a una actualización del marco legal y reglamentario vigente y a modificaciones puntuales, como el ajuste de la edificabilidad máxima en el sector, la reducción de la densidad máxima, y la delimitación del sector y usos previstos.

-Determinaciones de ordenación detallada: el plan establece estas determinaciones de forma completa y define, a tal efecto, la calificación urbanística, los sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos, la determinación del aprovechamiento medio y la delimitación de las unidades de actuación, produciéndose el reemplazo de los actuales instrumentos.

-Determinaciones de actuación y urbanización: para el desarrollo de las condiciones de urbanización necesarias para la ejecución del sector, el Plan Regional remite a la redacción de un nuevo Proyecto de Urbanización (condiciones completas), incorporando en su cuerpo normativo exclusivamente unas determinaciones básicas que deben ser recogidas reglamentariamente en los instrumentos de gestión (plazo para la elaboración del proyecto, características mínimas, estimación justificada del importe de los gastos de urbanización y criterios básicos de urbanización).

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico, en su reunión semanal, ha aprobado la propuesta de la Consejería de la Presidencia por la cual se conceden 90.000 euros a la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León para la puesta en marcha de los programas de estancias temporales ‘Encuentro’ y ‘Orígenes’, financiado cada uno con 45.000 euros.

Los programas ‘Encuentro’ y ‘Orígenes’ se centran, respectivamente, en la formación de los jóvenes que en el futuro ocuparán puestos de dirección dentro de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, y en la formación de sus actuales directivos. Esta formación se realizará a través de la financiación de estancias temporales de estos castellanos y leoneses en la comunidad: la Junta sufragará sus gastos de viaje y colaborará con la organización de las diferentes actividades que los beneficiarios desarrollen durante los días que permanezcan en Castilla y León.

A través de este acuerdo, la Junta de Castilla y León da cumplimiento al IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que establece entre sus objetivos fomentar el vínculo de estos ciudadanos con sus lugares de origen, a través de programas de estancias temporales y de la celebración de encuentros y reuniones.

El año pasado, 24 personas participaron en estos programas (12 en cada uno de ellos) procedentes, mayoritariamente, de comunidades en Argentina y en Cuba.

Ayuda Humanitaria

También el Consejo de Gobierno ha concedido, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, una subvención de 100.000 euros a la ONG Cruz Roja Española, para contribuir a paliar las graves consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7,7 que el pasado 28 de marzo sacudió la región central de Myanmar.

Esta ayuda se encuadra dentro de las partidas de acción humanitaria de la Junta de Castilla y León, que comprenden el envío urgente de ayuda de emergencia y material de socorro con el objetivo de proteger vidas humanas amenazadas por diversas catástrofes. En el caso de Myanmar, la ayuda servirá para cubrir necesidades de alojamiento, asentamiento y salud de la población afectada, a través del reparto de kits de cocina, bidones de agua, mantas, toldos para cobijo y mosquiteras.

Las cifras provisionales de pérdidas humanas del seísmo dan cuenta de la dimensión de esta tragedia: 2.700 fallecidos, 4.500 heridos y casi 500 desaparecidos. Las ciudades cercanas al epicentro del terremoto han sufrido graves daños en sus infraestructuras. También se reportan cortes en los suministros de electricidad y agua, y los servicios básicos han quedado interrumpidos.

La falta de equipos de rescate y de víveres ha agravado la situación. La población afectada enfrenta condiciones precarias, viviendo a la intemperie y sufriendo escasez de alimentos y agua potable. Por otro lado, las réplicas del sismo y los daños en las infraestructuras han complicado aún más las labores de rescate y el alojamiento de la población. Además, la guerra civil en curso en Myanmar complica aún más los esfuerzos de socorro.

En materia agrícola la Junta incrementa en 1.164.750 euros el presupuesto destinado a las ayudas a las explotaciones de bovino afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), más concretamente a aquellas que contaron con algún caso confirmado entre el 26 de junio y el 31 de diciembre del año 2024 y que aún no la habían recibido.

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la cuarta remesa de ayudas, comprendida por un total de 675, que, en conjunto, hace que la Junta haya concedido más de 10.000 subvenciones directas a cerca de 8.000 explotaciones afectadas por la enfermedad durante los años 2023 y 2024, con un presupuesto que supera los 18 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es mantener y recuperar la actividad productiva de las explotaciones afectadas mediante la compensación de las pérdidas derivadas de los gastos de desinfección, desinsectación y limpieza de las instalaciones donde se confirmaron casos positivos mediante prueba PCR, así como de las muertes registradas como consecuencia de la enfermedad.

Vacunas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adquisición de 122.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada polisacárida (VNC20), que es una de las incluidas en el Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la Comunidad de Castilla y León.

La enfermedad neumocócica es una severa infección bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, que puede causar neumonía, meningitis o procesos invasivos severos como sepsis o bacteremia. Se transmite por vía aérea o por exposición directa a partículas respiratorias de personas infectadas o que portan la bacteria. Las infecciones ocurren con mayor frecuencia durante el invierno y a principios de la primavera, cuando las enfermedades respiratorias son más comunes.

Esta vacuna está aprobada para la inmunización activa en la prevención de la enfermedad invasiva y la neumonía causada por Streptococcus pneumoniae en mayores de 18 años. En España, el porcentaje de enfermedad neumocócica invasiva potencialmente prevenible por esta vacuna es del 62 % en adultos mayores de 65 años.

Con una sola dosis, esta vacuna proporciona a los adultos una protección fuerte y significativa contra los serotipos responsables de la mayoría de las enfermedades neumocócicas que circulan en todo el mundo.

También la Junta ha autorizado destinar 8.510.889 euros para licitar las obras para la construcción del Centro de Salud Soria Norte, una actuación con un plazo de ejecución de 22 meses desde su adjudicación, que está prevista en la programación plurianual de la Consejería de Sanidad en materia de infraestructuras sanitarias de Atención Primaria.

Asimismo, se ha dado luz verde a un gasto de 2.412.127 euros destinado a la compra de suministros sanitarios en los Complejos Asistenciales Universitarios de Salamanca y León, así como en el Área de Atención Primaria de Valladolid Este.

También el Ejecutivo autonómico ha autorizado un gasto de 3.586.884 euros para los próximos dos años para reforzar la plantilla de vigilancia y seguridad e incorporar un coordinador de servicio en el turno de tarde.

El equipo de vigilancia y seguridad del centro de menores ‘Zambrana’ va a reforzarse de manera considerable, puesto que la Junta de Castilla y León, durante la reunión del Consejo de Gobierno, ha aprobado la licitación del nuevo contrato para los próximos dos años que lleva aparejado un notable incremento del 28 % respecto de la licitación anterior. El coste total de partida de este servicio es de 3.586.884 euros, más de 800.000 euros más que cuando se licitó el contrato previo.

Por último, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno la aprobación de un gasto de 2.303.026 euros para la contratación del servicio de monitorización de 101 Bienes de Interés Cultural ubicados en Castilla y León, incluyendo la compra, configuración, instalación, conexión y mantenimiento de nodos, sensores y actuadores.

Esta acción está englobada en el desarrollo del Proyecto KHN-Knowledge Heritage Network (Red de Conocimiento del Patrimonio), que tiene como objetivo general transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva. Está financiado con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.