El PSOE de Castilla y León anunciaba ayer que estudia llevar al Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia la orden de la Junta publicada el pasado 1 de agosto por la que se regula el precio de venta y alquiler de las viviendas protegidas, al entender que legitima "cobros presuntamente ilegales" que las empresas han realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública.

"Suárez-Quiñones se ha hecho un Montoro”, decía la secretaria de Vivienda del PSCyL, Ana Casado, para quien la Junta gobierna de “espaldas a los ciudadanos” y solo para hacer favores a las grandes promotoras y los fondos de inversión.

Tras ser preguntado por estas palabras este jueves, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, defendía que la reforma de la orden de precios que quiere poner en marcha la Junta permitirá revitalizar el mercado del alquiler y la venta de vivienda en la Comunidad.

"Favorecerá que haya vivienda a disposición de la ciudadanía a precios razonables”, afirmaba el consejero, quien hacía hincapié también en que esta medida no afectará “en absoluto” al alquiler de las viviendas públicas que tiene la Junta alquiladas a las familias. "Es una orden, por tanto, que pretende que haya promotores privados que construyan viviendas de protección", insistía.

Suárez-Quiñones explicaba que en estos momentos hay dos tipos de viviendas de protección, pero, sin embargo, advertía de que no se construyen las viviendas de la promoción privada, ya que el módulo está establecido de una manera “que le sale más caro al constructor construir la vivienda al precio de venta”, apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, expresaba que se trata de una realidad “innegable” derivada del precio de materiales y mano de obra. Situación que, desde la Junta, intentan corregir para que “no haya pérdida y construyan viviendas con limitación de precios en la venta y alquiler”. “No puede soportarse la vivienda protegida solo en la Administración pública y tenemos que sumar a la construcción privada”, afirmaba.

Por otro lado, volvía a rechazar la política de vivienda “negativa” del Gobierno de España porque, a su juicio, "retrae al mercado” amenazando con la intervención de precios, determinada medidas confiscatorias que, añadió, “ha tenido un resultado cero en Europa”.

Suárez-Quiñones advertía de que la vivienda es un problema “de primer orden” en España mientras el Gobierno de España no hay puesto en marcha "ni una sola vivienda en la comunidad a pesar de haber prometido más de 180.000 para todas las autonomías".

El consejero aseguraba que el mercado del alquiler “necesita tranquilidad” y destacaba las más de 3.000 construcciones, también en venta y para jóvenes, en castilla y León, a lo que suma el apoyo a los jóvenes en las hipotecas y avalando los préstamos.

Turégano

El consejero se expresaba de esta forma tras visitar la localidad segoviana de Turégano, donde la Junta ha destinado 860.500 euros a la mejora y conservación del Castillo y de la iglesia de San Miguel de Turégano, conjunto histórico y cultural datado en 1931, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Durante su visita, puso observar el resultado de intervención que se realizó en este conjunto y que dio comienzo en el año 2018, tal y como recordó el consejero. En este momento, desde la Consejería se subvencionó al Ayuntamiento la posibilidad de hacer un Plan director de valorización de este patrimonio por importe de 60.500 euros, que permitió realizar este trabajo que determinó que había que hacer en este conjunto para ponerlo en valor y asegurar su estado óptimo.

A partir de ahí surgió un documento a través del cual se realizaron dos intervenciones, una en 2022 y otra posteriormente donde se acopiaron distintos fondos para poder llegar al resultado final. Estas actuaciones contaron con la colaboración del antiguo Ministerio de Fomento con el 1,5 por ciento cultural y la Diputación Provincial.

Dichas acciones, apuntó Suárez-Quiñones, permitieron el aseguramiento de esta estructura, además de acoger trabajos de saneamiento que, añadió, permiten una pervivencia tranquila de este conjunto, convertido en “un elemento fundamental para la vida económica y social del municipio”.

A esta inversión, se sumó la acción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que aportó 100.000 euros en unas obras anteriores. Con todo ello, dentro de la competencia de Vivienda, Suárez-Quiñones recordó que, en estos últimos años, su Consejería invirtió más de 4,5 millones de euros en distintas actuaciones en iglesias y monumentos, complementando la actividad de Cultura “para conservar el patrimonio de la Comunidad”.