Sociedad
La Junta reforzará la Atención Temprana de los niños con discapacidad
Así lo asegura la vicepresidenta Isabel Blanco al recoger el reconocimiento que la Asociación Síndrome de Down Burgos ha otorgado a la Junta por su estrecha colaboración en los 40 años de historia de la entidad
Garantizar la autonomía y la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad son las prioridades del Gobierno de Mañueco en Castilla y León para con este colectivo. Un objetivo compartido con la Asociación Síndrome de Down Burgos, que ha cumplido 40 años, y ha querido reconocer con un premio el buen hacer de la Junta en favor de las personas con síndrome de down.
Un galardón que ha recogido esta tarde la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la gala por el 40º aniversario de la entidad, celebrada hoy en el Cultural Cordón de la capital burgalesa, donde ha reafirmado el compromiso de su departamento con las 1.582 personas con síndrome de down que residen en la comunidad, 230 de ellas en Burgos.
Asimismo, durante su intervención, Blanco defendía el protagonismo de la organización burgalesa como de la Federación autonómica en la que se integra, a la hora de velar por la mejora de la calidad de vida y la integración en igualdad de este colectivo.
También destacaba la "profunda" y larga trayectoria de trabajo conjunto entre el Gobierno regional, la Federación Síndrome de Down de Castilla y León y Down Burgos, cuyo propósito, decía, "no es otro que ofrecer atención a estas personas durante toda su vida".
La consejera aseguraba que reforzarán el apoyo y la atención a las familias con niños con discapacidad a través de los equipos itinerantes de Atención Temprana, especialmente a aquellas que residen en el medio rural.
En estos momentos, en Castilla y León se atiende al cien por cien de los niños que lo necesitan desde su nacimiento. Concretamente, en 2024 fueron 3.310, de los cuales 1.215 vivían en un pequeño municipio, según desvelaba la vicepresidenta.
Igualmente, Blanco ponía en valor la colaboración existent en el desarrollo y extensión de la figura del asistente personal, clave desde el punto de vista de la atención, pero también como nicho de empleo para las personas con discapacidad intelectual.
"El empleo es fundamental para este colectivo, ya que es una de las máximas expresiones de su autonomía, independencia y plena participación en la sociedad", afirmaba la consejera.
En este sentido, cabe señalar que Castilla y León cuenta con 2.792 prestaciones de este servicio, el doble que hace cuatro años, y es la segunda comunidad de España —tras el País Vasco— con mayor número de ellas.
Blanco hacía igualmente referencia a la "innovadora" Ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León y la Ley de atención residencial, pero especialmente, mediante el ‘II Plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León para el periodo 2024-2027’, dotado con 1.800 millones de euros y a través del que se abordan todas las etapas vitales de estas personas.
Y, para finalizar, apelaba a la necesidad de que las administraciones y las entidades trabajen conjuntamente para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida centrado en sus necesidades y preferencias.
Dependiendo
Por otro lado, Blanco aprovechaba la gala para exigir al Gobierno de España que financie el 50 por ciento de la dependencia en Castilla y León, tal y como se ha conocido hoy que ha hecho con el País Vasco.
“No queremos ser comunidad de segunda, queremos los mismos derechos que tienen otras comunidades autónomas. Lo mismo que les va a dar a sus socios para seguir en el Gobierno, queremos que nos lo dé a Castilla y León”, afirmaba Blanco en declaraciones a los medios.
La consejera lamentaba que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “ceda ante sus socios” y recordaba que el año pasado Castilla y León dedicó 888 millones a la dependencia en Castilla y León, mientras que el Gobierno de España solo aportó 325 millones.
“Queremos que cumpla la normativa y y pague ese 50 por ciento que viene en la ley, porque no es un dinero que se dedique a la Junta de Castilla y León, sino que se tiene que dedicar a las personas con discapacidad para seguir implementando nuevas políticas”, decía.