El Procurador del Común respalda las peticiones de FECLEM e insta a la Junta a establecer un sistema de apoyos bien definido

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha instado a la Junta de Castilla y León a “establecer un sistema de apoyos bien definido” y a proveer “de una financiación adecuada” a la Federación Castellano Leonesa de Enfermos Mentales y Familiares (Feclem), después de que esta presentara una queja ante la institución por “la carencia de medios económicos para desempeñar su labor social de apoyo en la toma de decisiones a personas con un problema de salud mental”.

En su resolución, Tomás Quintana también propone a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una serie de actuaciones “beneficiosas para las personas vulnerables y para las entidades privadas que trabajan en el sector social”, entre las que se encuentra “articular espacios reales de cooperación y coordinación para fortalecer al sector privado sin ánimo de lucro de provisión de apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica”.

Asimismo, recomienda “garantizar una financiación adecuada a Feclem para asegurar la estabilidad del servicio y el desarrollo de sus funciones en condiciones de máxima de calidad y eficiencia”, así como “establecer un régimen jurídico de concierto social para gestionar el servicio conforme a la normativa vigente con una fórmula adecuada de colaboración público-privada” y “definir el modelo de colaboración en concertación social estableciendo criterios modulares consensuados y definidos, teniendo en cuenta el grado de dificultad, la resolución judicial y el plan de intervención centrado en la persona”.

Desde la Fundación Feclem explicaron que, tras 23 años ejerciendo cargos jurídicos de apoyo a personas vulnerables por un problema de salud mental en Castilla y León, esta se encuentra actualmente “en una situación de crisis económica y en un expediente de regulación de empleo” debido a la “infrafinanciación pública” por “la inexistencia de una concertación del servicio que presta y la ausencia de actualizaciones en los convenios públicos desde hace diez años”.

Por ello, presentó una queja ante el Procurador del Común por “la falta de interés por parte de la Junta para solventar esta situación”. Asimismo, durante los últimos meses ha recogido firmas y apoyos para que “se tengan en cuenta las necesidades y carencias de las entidades que proveen de apoyos necesarios a personas que tienen una discapacidad”.