La propuesta de incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva divide a los grupos

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha preentado este jueves en el órgano de dirección del Parlamento autonómico y en la Junta de Portavoces la propuesta para regular las incompatibilidades de los procuradores incluidos en el régimen de dedicación exclusiva (sueldo de las Cortes por la tarea parlamentaria) en su labor en la Cámara.

La propuesta parte de los artículos 8 (asignaciones económicas de los procuradores) y 31.1 (la Mesa determina el grado de dedicación exclusiva de sus miembros fijando el régimen de retribuciones e incompatibilidades) del Reglamento de las Cortes, no desarrollado y que permitió que algún parlamentario con sueldo de la Cámara tuviera también actividad en un bufete de abogados, en alusión al ahora eurodiputado Raúl de la Hoz, quien fuera portavoz del Grupo Parlamentario del PP.

La iniciativa recoge que los procuradores de las Cortes de Castilla y León incluidos en el régimen de dedicación exclusiva tendrán derecho a percibir mensualmente las asignaciones en los conceptos, modalidades y cuantías económicas que establezca la Mesa de la Cámara.

De esta manera no podrán recibir dietas por su asistencia a las sesiones y reuniones que celebren los órganos parlamentarios, pero sí tendrán derecho a las compensaciones e indemnizaciones por gastos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Entre las compatibilidades, se recogen las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, aunque no tendrán esa consideración las actividades privadas del interesado, su cónyuge o persona vinculada a aquél que tengan participación superior al 10 por 100 en actividades empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos, concesiones o contratos con Organismos o Empresas del sector público estatal. También se recoge como compatible la participación en Tribunales y Comisiones calificadoras de pruebas selectivas del personal al servicio de las Cortes de Castilla y León; así como en comisiones, consejos, comités u órganos externos a las Cortes de Castilla y León para los que hayan sido nombrados o designados por éstas; o para la creación literaria o artística e incluso para la participación ocasional en coloquios o para ser alcalde o concejal de un municipio de menos de 20.000 habitantes y estar en la dirección de un partido o sindicato.

El régimen de dedicación exclusiva es incompatible con el ejercicio de la función pública y con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los presupuestos de los órganos constitucionales o estatutarios, de las Administraciones Públicas y empresas públicas.

También con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio; con las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera Organismos o Empresas del sector público estatal, autonómico o local o con el desempeño de puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en Empresas o Sociedades arrendatarias o administradoras de monopolios.

Igualmente, con las funciones de Presidente del Consejo de Administración, Consejero, Administrador, Director General, Gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera Sociedades o Entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito.

Los procuradores no podrán emprender actividades que, no encontrándose incluidas entre las declaradas compatibles, no estén incluidas en la norma anterior sin haber obtenido la previa y expresa autorización de la Mesa de la Cámara.

Las Cortes de Castilla y León son la única asamblea de España en la que no todos sus parlamentarios tienen un salario por su actividad, sino solo los “liberados” que se acuerdan al inicio de cada legislatura, en este momento los seis miembros de la Mesa, portavoces y viceportavoces de los grupos. En total una tercera parte de los 81 procuradores. Sin embargo, el apartado económico no se regula, solo se recogen las actividades que son compatibles con la dedicación exclusiva y las que no lo son.

Punto de partida

Tras conocerse la propuesta del presidente de las Cortes, los grupos parlamentarios han reaccionado de diferente forma. Así, mientras Vox considera que es un "buen punto de partida", el PP y el resto de la oposición creen que se debe estudiar y corregir “lagunas” sobre todo en la regulación de la actividad privada de un parlamentario, como advertían en el PSOE.

El portavoz popular, Ricardo Gavilanes, echaba en cara a Pollán la "premura” con la que enviaron la propuesta y, aunque están de acuerdo en la regulación, entiende que la deben estudiar ya que, entre otras cosas, puede existir “indefensión” cuando un procurador no puede recurrir la decisión que tome la Mesa ante la petición de compatibilizar su cargo con una actividad privada.

Finalmente, desde Podemos, Pablo Fernández coincidía con la socilaista Patricia Gómez en que la dedicación exclusiva no puede ser compatible con ninguna otra actividad, sea pública o privada y para regularlo solo se necesita un apartado, según el primero.