Suárez-Quiñones considera “ilegítima” cualquier “medida de presión” del Gobierno para que la Junta declare zonas tensionadas de vivienda

El consejero de Medio Ambienta, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, definió como “ilegítima” cualquier “medida de presión, directa o indirecta”, que realice el Gobierno de España para que el Ejecutivo autonómico declare zonas tensionadas de vivienda en Castilla y León.

Así lo señaló durante la inauguración, en Valladolid, en la jornada sobre Asociaciones de Municipios para la Prestación del Servicio de Policía Local, y se refirió a la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana premie a los territorios que utilicen la figura de zona tensionada, prevista en la nueva Ley de Vivienda, y que desde la Junta consideran que “no es aplicable y no debe ser aplicada” en Castilla y León.

“Nuestras políticas no son las de la imposición de medidas, sino las de fomento”, declaró Suárez-Quiñones, al señalar que esta última forma de actuación llevada a cabo por la Junta pretende “dar seguridad jurídica al mercado del alquiler” frente a las medidas del Gobierno de España, que consideró “totalmente distintas”.

Por ello, y tras recordar que la figura de zonas tensionadas que prevé la nueva ley estatal de vivienda “no es obligatoria para las comunidades autónomas”, Suárez-Quiñones compartió la visión “responsable y lógica” defendida ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de reaccionar “con todos los medios” a su alcance, dentro de la ley, si el Gobierno utilizase “cualquier cuestión positiva” para premiar a las comunidades que usen la figura de zonas tensionadas, perjudicando con ello a Castilla y León por no utilizarla.

Incendios

Por otra parte, el consejero avanzó que está muy “próxima” la presentación de la campaña de incendios para la época de riesgo alto, que vuelve a adelantarse al 12 de junio tras pasar el año pasado de tres a cuatro meses, y adelantó que el operativo contará con “más efectivos” que los 4.700 que formaron parte de la campaña de 2023.

Suárez-Quiñones afirmó que este aumento llega “a raíz del acuerdo” con los sindicatos y la patronal firmado hace año y medio, ya que incluía “el incremento de los medios materiales, del presupuesto, de los medios personales y de los tiempos de trabajo”. Algo que, reconoció, “ha sido muy relevante para facilitar la prevención y tener un operativo más preparado, más potente y con más disponibilidad todo el año”.

De hecho, el consejero de Medio Ambiente recordó que ahora mismo, las unidades, cuadrillas y personal laboral de la lucha contra incendios de la Junta trabaja “un mínimo de nueve meses al año” frente a los entre seis y siete meses anteriores, y que la Comunidad cuenta con una cobertura “todo el año” de “numerosas” unidades tanto helitransportadas como terrestres.

En todo caso, Suárez-Quiñones señaló que, por el momento, 2024 presenta unas cifras “muy bajas” de incendios, tras un inicio de año “fresco” en el que “las temperaturas y las lluvias han ayudado” a que, en los tres primeros meses y medio del año, no haya “unas cifras relevantes” de incendios, informa Ical.

Policías Locales

En cuanto a la jornada, el consejero avanzó que la Junta de Castilla y León fomentará la asociación de municipios adyacentes, menores de 40.000 habitantes, para la prestación de servicios mancomunados de policías locales con una jornada formativa dedicada a promover esta figura a través de los casos de éxito llevados a cabo en otras Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha y Madrid.

Durante el encuentro se presentó el caso exitoso de las localidades salmantinas de Alba de Tormes y Terradillos, “única experiencia” de este tipo de convenios para la asociación de las policías locales de municipios adyacentes de Castilla y León, vigente además desde 2016.

El objetivo, según indicó Suárez-Quiñones es fomentar un tipo de asociación que favorece “la seguridad pública, la asistencia ciudadana y la protección ante situaciones de emergencia” de los ciudadanos de pequeñas localidades o municipios limítrofes que se encuentran en el alfoz de las grandes ciudades y donde hay “una población flotante, especialmente en verano, que hacen necesarios especiales medios en determinados momentos del año que pueden auxiliarse con las policías locales”.

La jornada también contó con la presencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con representación de la Secretaría de Estado de Seguridad, perteneciente al Ministerio del Interior, que es la que finalmente autoriza estas asociaciones entre municipios.

En Castilla y León, como recordó el consejero, existen 79 municipios que cuentan con Policía Local, de los que 63 están “en el medio rural” y tienen “derecho a tener todos los medios para prestar un adecuado servicio” para la protección de “derechos fundamentales” de la ciudadanía.

Por ello, la Junta “se preocupa por esta coordinación, no solo con actividades de formación como esta, sino con el próximo Congreso de Formación de la Policía Local”, que se va a celebrar en Ponferrada, así como con una nueva ley de coordinación de policías locales que Suárez-Quiñones espera que “este año vea la luz”.

No obstante, Suárez-Quiñones reconoció que la figura de las alianzas entre entes municipales para la coordinación de la policía local es “competencia municipal” y que, por tanto, su financiación depende de los propios ayuntamientos, aunque la Junta ofrece “apoyo a través de las figuras de formación”.

Por último, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio reveló que la unión de los municipios adyacentes para la coordinación de sus policías locales no es exclusiva del ámbito provincial, sino que se pueden asociar dos localidades de distintas provincias “siempre y cuando sea dentro de la comunidad autónoma”.