UPA prevé un aumento del 21% en la cosecha de cereal en Castilla y León hasta los ocho millones de toneladas

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) prevé un aumento del 21 por ciento en la cosecha de cereal hasta una producción en torno a los ocho millones de toneladas, es decir, una media de 4,8 toneladas por hectárea, una vez que esta campaña se ha incrementado la superficie de siembra un 4,1 por ciento. Pese a que el campo está “muy bien presentado” en estos momentos, pidieron prudencia ante la “amenaza” de una ola de calor anunciada para la próxima semana, lo que “podría mermar” la cosecha, según señaló el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González.

El responsable de esta organización agraria señaló que el problema del sector se centra en los costes de producción, que cifró en 750 euros por hectárea, lo que implica que con el nivel de producción actual apenas se cubrirían los costes. No obstante, aclaro que si la producción baja a las tres toneladas por hectárea, se requerirá un precio mínimo de 250 euros por hectárea para cubrir esos costes de producción.

“Es necesario establecer los 250 euros por toneladas como precio mínimo exigible para poder vivir de una explotación agraria”, señaló Aurelio González, quien dejó claro que con esa cifra se cumpliría la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, dijo, se une la “amenaza inminente” de una hipotética subida de los aranceles al fertilizante de Rusia, lo que derivaría en una “subida en los costes de la próxima campaña de 50 euros por hectárea, como mínimo, y otros 90 euros por hectárea al año siguiente”, informa Ical.

“Tenemos un mercado de los cereales que está bajo presión y los operadores paralizados en espera de las decisiones y acuerdos sobre la guerra arancelaria que ha desatado Donald Trump”, dijo para advertir que la situación se podría agravar más en el caso de que no se lleguen a firmar los acuerdos en los que EEUU importaba cereal de China y Canadá, dado que podrían redirigirse a la Unión Europea.

Aurelio González trasladó que, ante este contexto, no descartan el comienzo de un nuevo calendario de movilizaciones en unidad de acción, aunque sin concretar la fecha de las mismas, pero todo apunta a la finalización del verano. Estas protestas reclamarán a los operadores comerciales de los cereales que “den un paso adelante” para marcar unos “precios justos y que paguen por encima de esos costes de producción”.

Medidas urgentes

Aurelio González detalló que desde UPA propondrán a las diferentes administraciones que se cofinancie por parte del Gobierno central y la comunidad autónoma una ayuda directa de 100 euros por hectárea de cereal que tengan sembrados los agricultores profesionales que está inscritos en la Seguridad Social Agraria, porque son los que los “están pasando mal y viven exclusivamente de ello”.

También pedirán una exención del IVA del gasóleo B, porque significa abaratar un 21 por ciento el coste de uno de los principales costes de producción. “Nosotros no utilizamos el gasóleo para viajes, ya que lo empleamos para producir alimentos”; y que se mantenga la devolución del impuesto de hidrocarburos. “Tenemos que insistir a la Junta para fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria y que se publiquen unos costes oficiales de producción”.

De igual manera, puntualizó la importancia de la devolución de la cotización de la Seguridad Social, es decir, lo que pagan los agricultores mientras se mantenga esta situación de precios a la baja, porque “tenemos una desventaja con el resto”, ya que los agricultores presentan, de media, unos “4.800 euros de costes de cotización de la seguridad social que un funcionario, un trabajador o un jubilado no tiene”, añadió.

Sector estratégico

Por su parte, el responsable nacional de UPA, Ignacio Huertas, afirmó que el sector de los cereales es “estratégico” en el conjunto español, porque es el “más extenso” de todos los sectores existentes en España. Y es que, los cultivos herbáceos ocupan ocho millones de hectáreas, donde los cereales llegan a las cinco millones, con Castilla León como la comunidad autónoma “emblemática del sector”, al representar “más del 30 por ciento” de la superficie de la producción del conjunto de los cereales del país.

Alertó de que la producción de cereales de España “no cumple” con la capacidad de consumo del país. “España importando todos los años entre diez y 15 millones de toneladas de cereales de fuera de países de la Unión Europea”, aunque reconoció que el pasado año se elevó hasta las 24 millones de toneladas. Esto se debió a la necesidad de “abastecer los 36 millones que se come la ganadería”, trasladó.

Lamentó que la superficie de cultivos herbáceos anuales en España lleva una tendencia a la baja, que es “alarmante”, al cifrar que en los último 20 años se han perdido alrededor de un millón de hectáreas, que en su mayoría han pasado a cultivos leñosos. Una pérdida que en Castilla y León se cifró en las 400.000 hectáreas, indicó.

Huertas explicó que la rentabilidad del sector en España “está condicionada” por un precio en origen “hundido con escaso margen de mejora,” y unos costes de producción “influenciados por el precio de la energía”. Desgranó que los costes de producción siguen una tendencia al alza, ya que, mientras que hace diez años el coste de producción se situaba en secano sobre los 600 euros por hectárea, y en regadío 1700 euros por hectárea, en la actualidad estos valores han subido a alrededor de 800 euros en secano y unos 2.200 euros en regadío.

Tras la invasión de Ucrania, la UE ha puesto en marcha acuerdos de comercialización que dejaron a la cebada y al trigo “sin la puesta en marcha de salvaguardias”, porque se consideraba que “no había riesgo de distorsión”. Un análisis que dejó claro “no ha sido el correcto”, porque las importaciones europeas de trigo blando se han multiplicado por siete en estos dos últimos años, subrayó.