Mejorar la accesibilidad de las viviendas y de esta forma ayudar a sectores de la población más desprotegidos y necesitados. Este es el objetivo prioritario de la nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación edificatoria en Castilla y León financiados en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Y es que este tipo de iniciativas impulsadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, buscan que los castellanos y leoneses cuenten con una vivienda digna, en estos momentos, en los que se ha convertido en los principales problemas de España, como consecuencia de los elevados precios y la falta de inmuebles. Y esto se complica aún más cuando el vecino sufre una discapacidad, y se encuentra que los edificios no están preparados.

Pues para dar una solución a estas dificultades la Junta de Castilla y León la lanzado esta ambiciosa convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de viviendas.

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones indicó que la medida contará con una dotación inicial superior a los 2,06 millones de euros, se resuelve con 1,99 millones de euros adjudicados para actuaciones en 352 viviendas, beneficiando a 58 solicitantes en toda la comunidad.

Las ayudas, que cubren hasta el 50 por ciento del coste subvencionable, están destinadas a financiar obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

Del total de beneficiarios, 42 corresponden a comunidades de propietarios, que agrupan 336 viviendas, y 16 a propietarios de viviendas unifamiliares. Además, el 25 por ciento del presupuesto —637.618 euros— se ha reservado para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, dentro del compromiso de la Junta con el medio rural, donde se realizarán 113 intervenciones.

Todas las provincias de Castilla y León cuentan con proyectos subvencionados, garantizando un equilibrio territorial en el reparto de fondos. Valladolid, Burgos y Soria concentran los mayores importes, seguidas de León, Salamanca y Segovia.

El consejero destacó que el objetivo de estas ayudas es «la mejora de las viviendas, que tienen por finalidad fomentar la mejora de la accesibilidad, tanto en el ámbito urbano como rural de la Comunidad de Castilla y León, facilitando la financiación para la realización de actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas de tipología residencial colectiva interviniendo en sus elementos comunes, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva». Asimismo, Suárez-Quiñones ha anunciado que la convocatoria de 2025 contará con una dotación de más de 2,08 millonesy mantendrá las mismas condiciones y objetivos de fomentar la accesibilidad tanto en entornos urbanos como rurales. El plazo para presentar las solicitudes se extieden del 1 al 31 de diciembre.

Las cuantías de las ayudas varían en función del tipo de actuación, aplicándose en todo caso el límite del 50 por ciento del coste subvencionable. Los valores unitarios por vivienda son 6.000 euros por inmueble, cuando se solicite para actuaciones en casas unifamiliares; 6.000 euros por vivienda y 60 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial, en edificios de tipología residencial colectiva; y 3.000 euros por casa en inmuebles ubicados en edificios de tipología residencial colectiva.

La política de rehabilitación de viviendas se completa con las inversiones realizadas en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyeron a los anteriores Áreas de Regeneración Urbana (ARUS) y estas a las anteriores Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), así como a las ayudas para la rehabilitación para la eficiencia energética. En el período 2015-2025 estas medidas han permitido la rehabilitación de más de 37.000 viviendas con una inversión pública de más de 330 millones de euros y una inversión inducida de más de 660 millones de euros (dado que las ayudas públicas cubren una parte de la inversión).