Cataluña

La Fiscalía se querella contra Buch por proteger a Puigdemont en su fuga

Alega un presunto delito de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha presentado hoy ante la Sala Civil y Penal del TSJ catalán una querella por prevaricación administrativa y malversación de caudales contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch y el sargento de los Mossos d´ Esquadra Lluis Escolá Miquel. El Ministerio Público entiende que la designación de Escolá para el cargo de “asesor de seguridad” del conseller de Interior constituyó un “acto de arbitrariedad” y por la exclusiva voluntad del conseller Buch. La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de unas informaciones aportadas por diputados de Ciudadanos en el Parlament.

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Y ello, afirma la querella, porque dicha designación respondía exclusivamente al “propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, de un servicio de “escolta permanente” al fugado Carles Puigdemont.

En este sentido, señala como indicio de lo anterior de que el sargento de los Mossos antes de ese nombramiento se encontraba de “servicio activo” destinado, en una plaza de libre designación, en la “coordinación y la planificación de seguridad de la actividad pública o privada prevista en la agenda de actos” del entonces President, Carles Puigdemont.

Una vez que Puigdemont fue cesado por la aplicación del artículo 155, se redujo el servicio de seguridad de éste, aunque se mantuvo en el mismo a Escolá. Una vez que ex presidente catalán supo que tendría que comparecer ante el Tribunal Supremo por el “caso del Procés”, decidió darse a la fuga y abandonar España, para lo cual “solicitó y obtuvo el auxilio” del citado mando policial de los Mossos y de otros funcionarios de este mismo Cuerpo policial, quienes “escoltaron” a Puigdemont hasta Francia, desde donde se trasladó en avión hasta Bélgica.

Por esos hechos, se le incoó expediente disciplinario a Escolá, llegándose a la conclusión de que durante el 30 de octubre de 2017 y 20 de julio de 2018, “no realizó un solo día de servicio activo en su actividad propia de funcionario de la Policía autonómica”, mientras que, por el contrario, se detectaron “numerosas salida al extranjero” que tenían como objetivo principal prestar “labores de custodia y seguridad para el procesado rebelde Puigdemont”

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