El Govern avisa de que puede haber "cambios” en el grado de los presos tras el TJUE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras puede tener también consecuencias sobre el resto de los presos independentistas. El Govern ha avisado esta mañana de que pueden haber «cambios» después del fallo judicial sobre el grado penitenciario que se aplique, aunque ha evitado dar concreciones. Por el momento, la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha preferido esperar a que se pronuncie la Secretaría de Medidas Penales, dependiente de la consellería de Justicia, que está en manos de ERC.

Este órgano debe validar las propuestas de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios en los que se encuentran los presos independentistas, que han optado por plantear el segundo grado para los líderes políticos. La Secretaría de Medidas Penales tiene de margen hasta el 11 de febrero –dos meses desde la propuesta, hecha el 11 de diciembre–. Generalmente suelen ratificar las propuestas de las Juntas de Tratamiento, pero la disconformidad de JxCat con la propuesta ha alimentado las presiones para que haya variaciones. Budó dijo ayer que todavía es pronto para hacer una valoración sobre la posibilidad de un tercer grado pero asegura que «la sentencia europea puede tener efectos».

Con el segundo grado propuesto por las Juntas de Tratamiento, los presos podrían obtener permisos a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y tendrían una situación de semilibertad similar al tercer grado.

Pero más allá de esta cuestión, que se resolverá previsiblemente a principios de 2020, el nuevo año también arrancará con un horizonte incierto para el Govern por la posibilidad de que la justicia española inhabilite a Quim Torra y dé la puntilla a la legislatura. No obstante, ese escenario no ha impedido que cierre 2019 mostrando cuál es su hoja de ruta. Budó ha avisado de que la voluntad, avalada por las fuerzas independentistas en una votación en el Parlament, es ejercer el derecho de autodeterminación «en el momento más adecuado».

El aviso, que es muy inconcreto, por ahora, por la falta de consenso entre las diferentes fuerzas independentistas, tomará fuerza a partir del 7 de enero, cuando Torra emprenda una mesa de negociación con los partidos y entidades para tejer un «acuerdo nacional» que ponga rumbo a la autodeterminación. La voluntad del president es ejercerla antes de que termine la legislatura –máximo en 2021, aunque ahora todo apunta que se acortará tras la condena por la inhabilitación–, como anunció en el Pleno del Parlament de respuesta a la sentencia del «procés» del Tribunal Supremo.

Esa propuesta del president no generó consenso en su momento –de hecho, tanto consellers de ERC como de JxCat se extrañaron porque tampoco habían sido informados al respecto– ni tiene visos de lograrlo en el corto plazo. Los socios de gobierno, ERC, plasmaron el sábado una nueva estrategia política que pasa por priorizar la vía acordada para lograr un referéndum.

La portavoz del Govern también se ha referido a la posible inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat después de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por el momento, ha negado que estén planteándose otro escenario que no sea el del archivo de la sentencia. “Si no, nos corresponde proteger las instituciones”, ha dicho, sin concretar cómo.