El TSJC condena a un año y medio de inhabilitación a Torra por no retirar los lazos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ya tiene lo que tanto anhelaba: una salida honrosa de su cargo de cara a la parroquia independentista. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado en el juicio por desobediencia al president y lo inhabilita durante un periodo un año y medio para cualquier cargo público electo local, autonómico, estatal y europeo. La resolución también le impone una multa de 30.000 euros y pago de las costas excepto las de la acusación popular.

Tras conocerse la sentencia, el presidente catalán ha comparecido ante los medios y ha anunciado que recurrirá la condena. “Mi condena será su condena. La sentencia del TSJC dice que desobedecí y que tiene que inhabilitarme. Un tribunal formado por tres personas desprovistas de la más elemental imparcialidad”, ha dicho.

En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Torra por su “recalcitrante y reiterada actitud desobediente” al no acatar las resoluciones de la Junta, lo que a su parecer es muestra de una “voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca” de contravenir los mandatos de la autoridad electoral, de lo que el president hizo “alarde público”. El TSJC, en concreto, hace referencia a la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral.

En cualquier caso, la inhabilitación de Torra abre numerosos interrogantes en la legislatura catalana. Para empezar, faltará por ver si cumplirá su propia bravuconada. “A mí quien me puede inhabilitar es el Parlamento de Cataluña, que es donde radica la soberanía de los catalanes”, señaló en noviembre.

Dado que la condena de inhabilitación no es todavía firme, cabe recurso ante el Tribunal Supremo, que las partes tienen 20 días para presentarlos. Durante este tiempo, Torra puede mantenerse en la presidencia y convocar elecciones. Si el TS ratifica la inhabilitación, Torra debería dejar el cargo. El vicepresidente Aragonés lo sustituiría y propondría un nuevo candidato a presidente en 10 días. Si, hecha la primera votación, pasan dos meses sin acuerdo ni candidato investido, Aragonés debería convocar elecciones.