Las cárceles catalanas proponen el segundo grado para los presos a la espera del 100.2

Las cárceles catalanas han propuesto el segundo grado para los presos independentistas -es el régimen ordinario-. La decisión, tomada por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, todavía no es firme ya que tendrá que ser validada durante los próximos dos meses por el servicio de clasificación, un órgano adscrito a la conselleria de Justicia, que está en manos de ERC. El secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, ha explicado que la decisión se ha tomado después de un debate “intenso” y no ha habido "unanimidad”.

Hasta que los servicios de clasificación no tomen una resolución definitiva, los presos seguirán en prisión. Una vez tomen una resolución -previsiblemente mantendrán el segundo grado-, los abogados de los presos podrán recurrir -reclaman el tercer grado- ante el juez de vigilancia penitenciaria. En todo caso, con el segundo grado, podrían obtener permisos cuando cumplan una cuarta parte de la condena -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart podrían estar en este escenario a partir de enero-. Antes incluso de ese plazo, los presos podrían solicitar la aplicación del 100.2 (artículo del Reglamento del Régimen Penitenciario), que permite salir todos los días durante unas horas a realizar algún tipo de actividad -voluntariados o cuidar a familiares- o trabajo. Si consiguen el tercer grado -poco usual por su tipo de penas-, podrían salir todos los días aunque deberían regresar al centro para dormir.

Calderó ha puesto énfasis en que las propuestas se han hecho bajo criterios estrictamente “técnicos" y al margen del “ruido político”. En este sentido, ha asegurado que ahora el servicio de clasificación va a tomar una resolución -tiene dos meses máximo- y ha sostenido que los técnicos van a ser “muy rigurosos”. “Hago un llamamiento a la confianza en los 5.600 profesionales de los servicios penitenciarios”, ha dicho. Una vez decidan -Calderó ha dejado entrever que será un trámite rápido-, esa resolución se notificará a los presos independentistas y podrán recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria.

Tras la resolución, las juntas de tratamiento podrán plantear si conceden el 100.2. “Es una posibilidad”, ha dicho Calderó, que en todo momento ha insistido en que “todos los presos están sujetos a las mismas obligaciones” y ha recordado que los servicios penitenciarios tratan de cumplir con dos objetivos: la salida de los presos lo antes posible y en las mejores condiciones, y que nunca vuelvan a reincidir.

“Las penas son impuestas por los jueces y a la Generalitat (que tiene las competencias en materia penitenciaria) solo le corresponde enfrentarlas. Los servicios penitenciarios solo actúan cumpliendo un mandato judicial”, ha afirmado Calderó. Las juntas de tratamiento de los tres centros penitenciarios en los que se encuentran los nueve presos independentistas han hecho su propuesta esta mañana a primera hora y han agotado prácticamente el plazo que tenían -es de dos meses tras la publicación de la sentencia, que fue el 14 de octubre-.

Los presos independentistas -el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart- fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel. Ahora se encuentran encarcelados en Lledoners, (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), Puig de les Basses, (Figueres, Girona) y Mas d’Enric (El Catllar, Tarragona).