El chantaje de la Generalitat a la escuela concertada

Los centros privados sufragados con fondos públicos deberán matricular a niños en situación económica desfavorecida sin que tengan que pagar cuota y, como en el resto de escuelas, para mantener el concierto estos niños deberán representar el 10% de los alumnos en estas condiciones de su área educativa.

Estas son dos de las condiciones que establece el anteproyecto del decreto de centros concertados que ha preparado el departamento de Educación, que ayer publicó el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y que el conseller se ha comprometido a tramitar por vía de urgencia para que esté aprobado antes de finalizar la legislatura.

El decreto, que se desarrolla en paralelo al de la admisión de alumnos para hacer un reparto equilibrado de alumnos entre todos los centros de la red pública y concertada, también prevé que Educación pueda cerrar grupos antes de ofrecerlos y obliga a que como mínimo el 60% de los alumnos del centro pertenezca a la zona educativa.

El documento presupuesta en 145 millones la inversión necesaria para financiar la red concertada, aunque no están recogidos en el presupuesto 2020 para Educación, que destina 1.100 millones a la red concertada y según el proyecto de decreto debería aumentar, ni tampoco hay calendario para aprobar la ampliación.

Según el texto, del déficit reconocido, 72 millones, sería para suplir la falta de profesorado, 65,5 millones para material y mantenimiento de instalaciones y 7,5 millones más se destinarían a los centros que atienden a alumnado más vulnerable.

El proyecto de admisión de alumnos que el Consell Escolar aprobó el pasado martes pretende un reparto equilibrado de alumnos, que se llevará a cabo a través de la mesas locales, de las que formarán parte los ayuntamientos, el departamento de Educación y la comunidad educativa.

En este contexto y según el proyecto de decreto, la red concertada deberá garantizar al alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorecidas la matrícula, el acceso equitativo a las actividades complementarias, a las actividades extraescolares y a los servicios escolares en los términos establecidos en la normativa reguladora del procedimiento de admisión.

En cuanto a los centros que por razón de su ubicación requieran servicio escolar de transporte discrecional para acceder, se deberá garantizar el acceso equitativo al alumnado que no dispone de recursos económicos para asumir el coste de este servicio, según el decreto.

Otro de los puntos que regula el nuevo decreto es que se deberá cumplir con el requisito de la escolarización mixta, por lo que los centros que diferencian por razón de sexo perderían el concierto.