El Govern condonará la deuda de jóvenes extutelados por prestaciones cobradas indebidamente

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este jueves que el departamento condonará la deuda de las prestaciones para jóvenes extutelados que se habrían pagado de forma indebida.

Lo ha explicado en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, en la que se ha debatido el Informe de fiscalización 6/2025 sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo de la Conselleria de Derechos Sociales, correspondiente al ejercicio de 2022.

Martínez Bravo ha señalado que el Govern trabaja en las vías legales que lo harán posible: «La condonación no es la solución, es la manera para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables».

Pagos indebidos y revisión de expedientes

La medida se enmarca en la revisión que la Conselleria inició en junio de 2025 tras el traspaso de la prestación de extutelados de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència a la Direcció General de Prestacions Socials.

El principal motivo de los pagos indebidos detectados se debe al inicio de la actividad laboral de los beneficiarios y a la demora administrativa en ajustar las cuantías. Esta situación afectaría al 85% de los expedientes con posibles pagos indebidos.

Según la consellera, «los pagos indebidos no son una irregularidad, sino que surgen por la falta de agilidad en la administración para ajustar cuantías o suspender prestaciones». En este sentido, ha destacado que entre 2016 y 2024 se generaron 167,56 millones de euros en pagos indebidos, de los que 70 millones ya han sido recuperados, y ha defendido que esa cifra representa el 1,6% del volumen total de las prestaciones.

Auditorías y transformación de la gestión

Martínez Bravo ha avanzado que se ha encargado una primera auditoría y se prevé una segunda «para acabar de esclarecer todos los hechos». Ha defendido que el plan de choque puesto en marcha desde 2023 está dando «resultados tangibles», como la reducción de tiempos de espera, un mayor número de solicitudes resueltas y una gestión más eficiente gracias al uso de datos y revisiones automáticas.

La consellera ha citado también la reforma de la Renta Garantizada para coordinarla con el Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de la Direcció General de Prestacions Socials y la aceleración de la transformación tecnológica. Confía en que en 2026 se aprueben unos presupuestos con un refuerzo sustancial en el ámbito social.

Debate parlamentario

Durante el debate en la comisión, la socialista Mónica Ríos valoró las mejoras en la reducción de pagos indebidos, mientras que desde Junts, Maria Àngels Planas preguntó qué controles implantará el Govern tras criticar la externalización del seguimiento.

Por su parte, Joan Ignasi Elena (ERC) defendió que «tiene todo el sentido del mundo que hayan ayudas a personas vulnerables», y Montserrat Berenguer (PP) pidió reforzar los mecanismos de supervisión al considerar obsoleta la cartera de servicios sociales.

Desde Vox, María Elisa García acusó a la Conselleria de estar «de corrupción hasta las cejas» y exigió la dimisión de Martínez Bravo, petición que también hizo Javier Ramírez. En cambio, Núria Lozano (Comuns) señaló que «los errores de la administración no los pueden cargar las familias» y tachó la situación de irresponsabilidad política.

Críticas de la Sindicatura de Comptes

La síndica de la Sindicatura, Maria Àngels Cabasés, presentó el informe que alerta de «problemas estructurales» de gobernanza y de buen gobierno en la gestión de las prestaciones, así como de la falta de transparencia en los datos.

En 2022, el gasto en prestaciones económicas de derecho subjetivo fue de 3.095 millones de euros, lo que representa el 31,6% del gasto total de la Conselleria. De ese porcentaje, el 34,7% correspondió a la Renta Garantizada, el 32,96% al resto de prestaciones y el 32,31% a la dependencia.

Cabasés recordó que entre 2019 y 2022 se detectaron 4,7 millones en pagos indebidos, de los cuales 804.384 euros correspondían a prestaciones para jóvenes extutelados con más de cuatro años de antigüedad. También denunció la falta de coordinación en las ayudas, los tiempos dilatados en la gestión y la insuficiencia de los mecanismos de control.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de la Sindicatura se incluyen la definición de objetivos con indicadores homologados, la reducción de la fragmentación del sistema, la compatibilidad de prestaciones, la digitalización de la gestión administrativa y el refuerzo de la supervisión de las entidades sociales que gestionan recursos públicos.

«La insuficiencia de control y seguimiento de la gestión de las prestaciones, como han visto, ha derivado en un elevado número de pagos indebidos, algunos prescritos, que comprometen la eficacia y la economía de la gestión», advirtió Cabasés.