Colau se enfrenta al TSJC por la actuación de sus brigadas antidesahucios

La alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha enviado hoy una carta al TSJC en la que defiende la actuación de los equipos municipales antidesahucios tras el aviso de la Justicia. En noviembre, el Ayuntamiento recibió una advertencia para que el Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Empleo (Sipho) se abstuviese de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. Colau, en su misiva, señala que el Consistorio “seguirá usando todas las herramientas para hacer frente a la emergencia habitacional"

El Sipho, que este año ya ha atendido a más de 6.400 personas, es un servicio de atención social en funcionamiento desde 2015 que intenta "prevenir desahucios de familias vulnerables a través de la negociación con la propiedad y que las acompaña en los trámites durante todo el proceso", ha señalado Colau en la carta a la jueza.

Así las cosas, el pasado 19 de noviembre, el TSJC instó al Ayuntamiento de Barcelona a que diera “instrucciones precisas a los servicios sociales municipales” y, en especial, al Sipho, de “abstenerse de actuaciones que impidan la ejecución de las resoluciones judiciales ". Al toque de atención del tribunal ha respondido la alcaldesa con una carta que ha hecho pública en Twitter en la que remarca que mientras "la situación de emergencia de vivienda continúe afectando personas en grave situación de vulnerabilidad, como alcaldesa continuaré defendiendo la necesidad y la encomiable labor que hacen los equipos municipales ".

En la misiva, Colau resalta la labor de los Servicios Sociales y de Vivienda, porque “ofrecen una atención integral a las unidades familiares con dificultades para hacer frente al coste de su vivienda”. Unas dificultades que, según la alcaldesa, se han visto agravadas por el impulso de los “desahucios con fecha abierta” y “el excesivo despliegue de Unidades de Antidisturbios de los Mossos”. Según dice en la carta, estos desahucios han pasado de ocho en 2017 a 55 durante el 2018 y han afectado 193 personas y 82 menores de edad.