Juego de cromos

No resulta desconocido ni tampoco una novedad. Es más, quizás el lector considere que se trata de un debate totalmente desgastado del que se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco.

Resulta una reivindicación histórica y unánime desde el sector de las Asociaciones Judiciales, a fin de dar mayor solvencia a la imagen profesional a la carrera judicial, la imperiosa necesidad de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados exclusivamente por los jueces integrantes debiendo excluir de dicha labor a los miembros del Parlamento Español. Incluso ha protagonizado en las campañas electorales de la mayoría de partidos políticos uno de los puntos esenciales para la modernización de la justicia. Sin embargo, sólo ha consistido en palabras impresas en folletos de propaganda, pues existe una clara falta de voluntad política de que ello se lleve a cabo.

Hemos podido comprobar en los últimos años que no se trata de un capricho interesado, sino de una pieza clave para garantizar el principio de separación de poderes que erige nuestro Estado de Derecho y fortalecer la independencia del Poder Judicial, pues incluso ha llegado a concluir la Unión Europea que el sistema actual de elección es por cuanto menos dudoso en su transparencia. Ello no lo podemos permitir cuando en los últimos tiempos los jueces y juezas de este país han sido contundentes en su labor, más independientes que nunca en su función y los únicos que han estado a la altura de las circunstancias, sobre todo, si nos comparamos con el papel ofrecido por los integrantes del resto de poderes.

Ya pudimos presenciar en el año 2018 la perversión del sistema a propósito de la llamada a la renovación del Consejo y ante la dificultad del Parlamento de llegar a un acuerdo para el nombramiento de los vocales, pues se tradujo en un auténtico y burdo trueque interesado entre los principales partidos políticos y que desmerecía injustamente la Institución concibiéndola como un instrumento al servicio de las opciones políticas, lo que provocó inevitablemente la retirada de los candidatos, la suspensión del proceso de nuevos nombramientos y la prórroga del anterior mandato.

Se dio un puñetazo encima de la mesa y los principales grupos políticos pudieron captar el mensaje, sin embargo, dos años después parece que la renovación del Consejo llega con las mismas reglas de juego y sin que las Cortes hayan abordado el ansiado cambio para que los 12 vocales dejen de ser seleccionados por los grupos políticos.

Un puñetazo que se quedó sin eco, eso está claro. De nuevo el controvertido sistema de elección ha puesto en tela de juicio la esencia de la carrera ante la paralización del nombramiento discrecional por parte del Consejo de cinco vacantes judiciales en altos órganos jurisdiccionales, pues a propuesta del Ministro pospone su decisión hasta su nueva composición.

Se tratan de plazas que necesariamente deben ser provistas para garantizar el buen funcionamiento de los Tribunales en el ejercicio de su jurisdicción y su elección no puede dar a entender que está a expensas de las nuevas negociaciones de los partidos políticos, pues comporta un grave daño no sólo a los intereses legítimos de los candidatos sino que también al interés público en aras a garantizar la eficacia de la organización judicial. La innecesaria espera, que tampoco se ha dicho que vaya a ser corta, empaña la efectividad del complejo proceso de selección que debe regirse exclusivamente sobre los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

La transparencia del sistema vuelve a estar en jaque, la profesionalidad de los jueces injustamente en entredicho, y nuestros políticos ya han empezado nuevas estrategias a dirimir en lo que sin duda va a volver a convertirse en un juego de cromos.

Beatriz García-Valdecasas Alloza es magistrada y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura