El Ayuntamiento defiende que la policía no interviniera en un desahucio

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha defendido que los agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra no pudieron intervenir en la protesta contra los desahucios del 31 de octubre, que terminó con incidentes en la plaza Sant Miquel, ante la gran cantidad de personas concentradas: "Ni el espacio ni el número de personas lo permitía técnicamente en condiciones de seguridad”.

Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión extraordinaria de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención, a petición de los grupos municipales de Cs y PP, para que Batlle diera explicaciones sobre la protesta, en la que unas 40 personas rompieron cristales del edificio Novíssim del Ayuntamiento.

Batlle ha relatado que “el giro de la manifestación”, que empezó en plaza Sant Jaume y terminó en la plaza Sant Miquel con un grupo más reducido de manifestantes, fue una decisión espontánea, que los Mossos no consideraron de riesgo y que por eso no lo impidieron.

En la plaza Sant Miquel había tres Unidades de Refuerzo de Emergencias y Proximidad (UREP) con un total de 15 agentes, que el jefe de la unidad decidió retirar en el momento en que los manifestantes se dirigieron hacia allí, “ante el elevado riesgo que suponía para la integridad física de los agentes”.

“Fue una decisión de carácter absolutamente técnico y necesario”, ha explicado Batlle, que ha añadido que la unidad se retiró al interior del edificio consistorial para impedir que los manifestantes entraran en las dependencias municipales, y que fue únicamente cuando quedaban en el espacio los manifestantes más conflictivos que se pidió la actuación de los Mossos para que los disolvieran.

Así, el teniente de alcalde ha defendido que la actuación policial “no fue posible por el elevado riesgo personal de los agentes que se encontraban en clara desproporción numérica” y ha asegurado que los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad aconsejaban no intervenir en el exterior del edificio.

Batlle ha calificado estos manifestantes como “grupos que buscan abiertamente el conflicto y que no se identifican con ninguna ideología concreta” y ha considerado que la protesta no se enmarcaba únicamente por los desahucios, sino también por el malestar de la crisis sanitaria y económica.

La investigación por los hechos, que continúa abierta, ha posibilitado la identificación de varias personas, y Batlle ha dicho que “se está trabajando en la mejora de protocolos de vigilancia para adaptarlos y afrontar este tipo de situaciones con mayores garantías”.

En cualquier caso, ha recalcado que las decisiones tomadas ese día fueron de los cuerpos policiales, “nunca políticas”.

Los grupos de la oposición han criticado la “falta de previsión” tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos d’Esquadra, la falta de efectivos que consideran que hay en la UREP, y han valorado que la seguridad es mejorable en la plaza Sant Miquel, unas cuestiones que seguirán abordando en una reunión que ha convocado este jueves Batlle con los portavoces municipales para tratar el tema.