La Fiscalía ya se ha pronunciado sobre la suspensión del decreto que desconvocaba las elecciones del 14-F con un informe en el que se muestra favorable a las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, apoya que se mantenga por ahora la fecha fijada para febrero tras los recursos de dos demandantes, un particular y el partido extraparlamentario Izquierda en Positivo.

Así se pronuncia el ministerio público en un escrito que ha remitido a la sala contenciosa del TSJC, que en las próximas horas -mañana a partir de las 10- debe decidir si mantiene la suspensión del decreto del Govern y los comicios se acaban celebrando en febrero.

A grandes rasgos, el ministerio público se apoya en un argumento para defender su postura: si no se suspendiera el aplazamiento electoral, la duración del procedimiento judicial hasta que el TSJC resuelva sobre el fondo “podría abocar -con gran probabilidad, si no plena seguridad- a hacer inviable” celebrar las elecciones el 14 de febrero si finalmente así lo decide el tribunal.

Es decir, el fiscal considera que dejar vigente la desconvocatoria electoral de febrero -para luego llamar a las urnas en mayo- cuando el tribunal aún no ha decidido sobre el fondo, supondría en la práctica impedir que las elecciones pudieran hacerse el 14-F por una cuestión de calendario y plazos. Y, en este supuesto, deja constancia que “los recursos interpuestos contra la resolución que aplaza la fecha electoral perderían su finalidad”.

La Fiscalía remarca que el informe se centra “única y exclusivamente en la procedencia de la medida cautelar, sin que proceda abordar cuestiones de fondo”.