Cerco a las fianzas: Ciudadanos denuncia ante la Fiscalía a los miembros del Govern y del ICO catalán

Ciudadanos ha puesto cerco a las fianzas de 5,4 millones de euros depositadas por el Govern ante el Tribunal de Cuentas y ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña. En concreto, la denuncia, por un presunto delito de malversación, va dirigida contra los miembros de la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF, el ICO catalán) y contra los consellers y el president de la Generalitat.

Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha explicado que han denunciado porque consideran que el ICF actúa con “absoluto desprecio a sus funciones, que son ayudar a empresas y promover créditos”, y han destinado parte de su dinero a ayudar a los 34 exaltos cargos de la Generalitat encausados por haber promocionado el “procés” en el exterior entre 2011 y 2017. No obstante, el Tribunal de Cuentas tiene todavía que decidir si acepta el mecanismo empleado por el Govern, que consiste en usar a un banco como aval (en este caso, al no haber encontrado de momento ninguna entidad financiera, se recurre al ICF) y la Generalitat como contraaval.

“Se ha destinado parte del dinero a garantizar el dinero sustraído de las arcas publicas con el tema de las embajadas”, ha resumido Carrizosa, que ha cargado contra la Generalitat porque ha dicho que Cataluña “tiene 23% de la población al borde la pobreza”. “Se aplica el dinero a aquellos que se llevaron el dinero de todos en lugar de ayudar a esas personas que se quedan sin sus casas o no tienen para llenar las neveras”, ha criticado.

Carrizosa ha sostenido que la denuncia va contra el ICF por “cooperadores necesarios” en la operación del Govern para avalar las fianzas y contra los miembros del gobierno catalán por dar “cobertura” con la aprobación del decreto Ley el pasado 6 de julio. También han reclamado que el responsable del ICF, Albert Castellanos, comparezca en el Parlament.

En cualquier caso, a pesar de esta denuncia de Ciudadanos, lo cierto es que otros partidos de la oposición, como el PSC, han mostrado su conformidad con la fórmula empleada por el Govern y el Gobierno está esperando a ver qué dice el Consell de Garanties Estatutaries para decidir qué hacer (si recurre ante el Tribunal Constitucional o no).

Todo este ruido que se ha ido generando ha acabado perjudicando al Govern en su búsqueda de bancos ya que, como aseguró el conseller de Economía, han rechazado su oferta por “miedo”. El propio Giró, junto a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y Pere Aragonès han recibido ya otra querella impulsada por Vox por presunto delito de malversación y prevaricación.

El Tribunal de Cuentas ha dado hasta el lunes de margen para que se depositen las fianzas. 29 de los 34 encausados se han acogido al aval del Govern, mientras que otros cinco, que tenían que depositar cantidades muy pequeñas, han optado por ir por su cuenta.

Lo cierto es que Giró ya dejó entrever las dudas que había en el seno del ICF (dirigido por Castellanos, vinculado a Esquerra) por tener que estar en medio de esta operación y, en un primer momento, prefirió eximirlos de responsabilidad. Sin embargo, a última hora, cambiaron de parecer en la entidad pública y se han prestado para el aval.