El PP, sobre Canet: “Ya no es solo un tema lingüístico, estamos ante la dignidad de la familia y sus derechos civiles”

El acoso a la familia de Canet por solicitar más presencia del castellano en la escuela de su hijo de 5 años volvió a vivir ayer un nuevo episodio de idas y venidas, con la justicia mandando un claro aviso al Govern al ordenar al departamento de Educación la protección del menor mientras los partidos que conforman el Ejecutivo (más la CUP) llevaban su campaña de protesta hasta casi las puertas del colegio Turó del Drac.

Además de pedir garantizar “la protección y la intimidad del menor”, el TSJC en una providencia afirma que son el departamento y la dirección del colegio los responsables de preservar “la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”. Por tanto, deja clara la responsabilidad que tiene la Generalitat en el caso después de que el propio titular del departamento, Josep González Cambray (Esquerra) haya escenificado la estrategia con una visita al centro para cerrar filas, cargar contra la justicia, alentar las protestas y abandonar de facto a la familia acosada.

En este sentido, el PP ha movido ficha, ha pedido amparo al defensor del pueblo y en Parlamento Europeo la eurodiputada Dolors Montserrat ha pedido a Bruselas que condene el acoso al menor y su familia. Lo ha hecho en una pregunta escrita a la Comisión Europea, en la que denuncia que el gobierno catalán está perjudicando la convivencia, la tolerancia y el respeto a la ley en Cataluña, al negarse a acatar la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en las escuelas catalanas en castellano. “El gobierno catalán ha anunciado que seguirá adelante con su estrategia de inmersión lingüística en lugar de cumplir la sentencia del TSJC y garantizar la seguridad y derechos del menor”, alertó esta semana Montserrat a la CE.

Al “Govern se le está yendo de las manos” la polémica de Canet, que ha saltado de los tribunales a la calle tras la campaña de acoso y señalamiento a la familia afectada. “Ya no es solo una cuestión lingüística, estamos ante la dignidad de la familia y sus derechos civiles”, ha clamado este sábado el presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, quien ha alertado de la “preocupante” pérdida de “calidad democrática” en Cataluña a raíz de este caso y ha calificado de punto de inflexión la orden emitida ayer por el TSJC.

Es un tema que afecta “la dignidad de una familia, su intimidad, su protección, sus derechos civiles”. “Estamos en un nivel francamente preocupante de pérdida de calidad democrática en Cataluña cuando se ponen en tela de juicio los derechos de los alumnos y sus familias”, ha señalado el dirigente popular.

El alto tribunal catalán también ha dado un plazo de diez días a la Generalitat para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el 25% de las clases en castellano, una decisión que ha desencadenado varias denuncias por hostigamiento hacia la familia.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, presente este sábado en Barcelona, ha tachado de “fascista” la actitud del Govern y de los “radicales” que salen a la calle a “acosar” a la familia. Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “dé la cara” y “salga a defender la libertad de esas familias”, y ha reiterado el ofrecimiento del PP al presidente “para que se lleve a cabo el cumplimiento” de la sentencia. Todo después de que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijera este viernes en Santiago de Chile que “los socios del Gobierno de España están haciendo un ‘apartheid’ lingüístico en Cataluña”, a raíz del hostigamiento hacia la familia y volviera a ofrecerse “para aplicar la Constitución y ejercer las competencias educativas”.

Así se han posicionado los populares en declaraciones a los medios antes de la entrega de diplomas a nuevos afiliados en Barcelona, junto a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán; el presidente del PP en Barcelona, Manuel Reyes; el líder del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou; y el exalcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol.