Blindar el catalán, recoger un apoyo masivo a favor del sistema de inmersión actual y constatar la mayoría que cosecha entre los partidos con representación en el Parlament. La Generalitat aprovecha el barómetro del Centro de Estudios de Opinión -el equivalente al CIS- para salir en defensa de la lengua ante la sentencia del 25% de castellano, un fallo que debe aplicarse en todas las aulas antes del 20 de marzo si el Ejecutivo no quiere caer en la desobediencia, como ya ha amagado.

Los datos que constata el sondeo, inédito hasta la fecha, no dejan lugar a dudas: un 76% de los encuestados apoya la defensa del sistema imperante con el catalán como lengua vehicular, mientras que el 24% está en contra; un 58% cree que su uso en la educación es adecuado y un 20% insuficiente; y el blindaje de la inmersión -un modelo tumbado por los tribunales- es secundado por la práctica totalidad de los votantes de Esquerra, Junts, la CUP y los comunes, con cifras que oscilan entre el 99% y el 96% de apoyo.

Aquí cabe observar el comportamiento de los electores del PSC: un 64% está a favor de la inmersión, mientras que el 36% se muestran contrarios al modelo actual. “La mayoría comparte esta postura”, ha remarcado el director del CEO, Jordi Muñoz.

Según el sondeo, sólo los votantes de PP, Ciudadanos y Vox defienden el bilingüismo en las aulas, aunque la pregunta ha sido formulada al revés y cuestiona sobre la defensa de la inmersión y del catalán.

Más tendencias: el apoyo a la inmersión es mayoritario entre los catalanes que tienen el catalán como lengua habitual, pero también entre los que hablan catalán y castellano indistintamente y entre los que usan preferentemente otro idioma. Entre los catalanes que hablan habitualmente el castellano, la encuesra señala una fuerte división de opiniones al 50% entre partidarios y detractores.

Por tanto, el sondeo dibuja una suerte de cordón sanitario a favor del catalán y de la inmersión en plena polémica lingüística y ante la sentencia del 25% de castellano que señala el uso del español en las aulas como “residual” hasta la fecha. La encuesta se elaboró entre el 23 y el 28 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, tras el conflicto por el caso de Canet de Mar y coincidiendo con la campaña del soberanismo en contra de más castellano en las aulas.

La sentencia que tumba de facto el modelo de inmersión imperante en Cataluña desde hace casi 40 años, dictada el 16 de diciembre de 2020, pasó a ser firme en noviembre de 2021 cuando el Tribunal Supremo (TS) no admitió a trámite un recurso de casación del Govern. Entonces fue devuelta al TSJC que, el 21 de enero la declaró firme y puso en marcha la cuenta atrás para su cumplimiento.

Entonces empezaron, simultáneamente, dos plazos: uno de diez días para notificar la recepción de la sentencia -cosa que, este lunes, la Generalitat hizo sin especificar cómo- y otro de dos meses para ejecutarla, que termina el próximo 20 de marzo.