La Audiencia estima un recurso para imputar a Colau por delitos de coacción y prevaricación

Se abre un nuevo frente judicial contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ahora queda al borde de la imputación por los delitos de coacción y prevaricación tras una querella presentada por el fondo de inversión Vauras. La Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la compañía y el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona deberá investigar a Colau, después de rechazar inicialmente esta querella. Además de Colau, están involucrados los concejales Marc Serra y Lucía Martín.

En concreto, según la Sala, sí podría ser delictivo “compeler ilegítimamente” al fondo de inversión “para forzarle a ceder” para alquileres sociales determinados inmuebles de su propiedad utilizando para ello como “mecanismo intimidatorio” la amenaza de “no conceder” a la empresa determinadas licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas. “Tales supuestas coacciones habrían tenido lugar en las reuniones celebradas el 31 de octubre de 2019 y el 5 de febrero de 2020″, señala el auto judicial. Y la Sala señala también que hay indicios de esas presiones en una declaración pública de la concejal de vivienda Lucía Martín, que estuvo en esas reuniones.

En esa declaración pública, según se recoge en el auto, Lucía Martín habría reconocido abiertamente “el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras”. La Sala también matiza que, en ningún caso, cuestiona la facultad del Ayuntamiento para “fomentar la consecución de viviendas de alquiler social para preservar la función social de la propiedad”, sino que considera que puede ser “repudiable penalmente” que se presione.

En plata: lo que pide la Audiencia de Barcelona es que se indague si el consistorio pretendía forzar a la empresa para que diera en alquiler social esas viviendas. Si bien, los magistrados rechazan por falta de indicios investigar a los tres dirigentes por presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, como pretendía la querella. Como la Fiscalía, el Ayuntamiento pidió al tribunal desestimar el recurso de Vauras y dejar la investigación del caso cerrada como había decidido la primera jueza.

El bloque del edificio en cuestión es el conocido “Bloc Llavors”, un icono en Barcelona del movimiento okupa, que no fue desalojado hasta el sexto intento. No se desalojaron las últimas tres viviendas en este bloque hasta el pasado 21 de mayo de 2021. El bloque de viviendas se encuentra en el barrio de Poble Sec, en la calle Lleida número 38. La okupación del edificio se produjo en 2017, pero el fondo de inversión lo había adquirido un año antes, en 2016, para reformar las viviendas.

Colau ya está imputada por otro caso: tuvo que acudir a declarar el pasado 3 de marzo por las supuestos subvenciones a entidades afines. En ese caso, la alcaldesa está imputada por los presuntos delitos de malversación, fraude en la contratación, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, después de aceptar la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD).

Los problemas judiciales se ciernen sobre Colau en un momento en que tiene que determinar qué hace con su futuro: si se presenta a la reelección por tercera vez (en contra de su promesa de optar solo a dos mandatos) o deja la alcaldía el año que viene y pone rumbo a Madrid para trabajar en la candidatura de Yolanda Díaz para las elecciones españolas.