El Govern fija por decreto incumplir con el 25% de castellano

La Generalitat fija por decreto incumplir con el 25% de castellano en la escuela justo cuando vence el plazo interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para tumbar la inmersión y aplicar el bilingüismo. El Govern ha esperado hasta el último minuto para oficializar su respuesta a la sentencia del 25% de español, y lo ha hecho con un decreto que rechaza explícitamente los porcentajes lingüísticos en las aulas como ordena la justicia.

La norma, que ya ha entrado en vigor pese a no estar ni convalidada en el Parlament, constata explícitamente la «inaplicación» de «porcentajes, parámetros numéricos o proporciones» en el uso de lenguas en la escuela y sirve para la Generalitat dé respuesta a la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Un punto que colisiona con la orden de la justicia, que pide «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

Como segundo aspecto capital, el decreto atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos con el objetivo de tratar de proteger a las escuelas y a los docentes y eximirles de cualquier consecuencia.

Es decir, implica directamente al departamento que dirige el republicano Josep González-Cambray, quien hoy enviará una serie de «instrucciones» a los 5.000 colegios catalanes, justo cuando vence el plazo otorgado por la justicia, y asumirá así toda la responsabilidad legal. De momento se desconoce el contenido de las órdenes que dictará el consejero, aunque desde el Ejecutivo aseguran que serán «muy claras» y no albergarán «margen de duda» en línea con la normativa aprobada en el seno del gabinete.

Y para ello hay que volver de nuevo al decreto: según recoge el texto, los centros deberán presentar sus proyectos lingüísticos ante la Consejería de Educación, que tendrá 30 días para validarlos. Es decir, deberán recibir el visto bueno del propio Ejecutivo mediante la Consejería de Educación, que «validará y garantizará que los proyectos lingüísticos se ajustan a la legalidad». Un pez que se muerde la cola al ser una norma ideada y aprobada «de facto» para esquivar la sentencia del 25% junto a la ley que el independentismo tiene pendiente en el Parlament.

Por tanto y además de rechazar porcentajes, el rompecabezas jurídico de la Generalitat impide hacer cambios sustanciales en materia lingüística antes de este final de curso, otro aspecto a tener en cuenta.

También ayer, la ministra de Educación, Pilar Alegría, explicó que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «quien tiene que determinar» si el decreto ley del catalán en la escuela que el Govern tiene previsto aprobar este lunes es una «respuesta acertada, oportuna o correcta» para dar cumplimento a la sentencia del tribunal que tumba la inmersión monolingüe en catalán y ordena un mínimo del 25% de español en todo el sistema educativo. Sobre el papel de la Alta Inspección –que tiene que velar por el cumplimiento de la sentencia, según el TSJC– aseguró el Ministerio ya se ha dirigido a la Generalitat para que «aporte» y «traslade» la respuesta que va a dar para el cumplimiento de la sentencia.

Y aquí el Ejecutivo catalán pretende usar de escudo el nuevo decreto, cuya aprobación ha acelerado en el Govern, para presentarlo como respuesta a la sentencia y rebatir así la «inacción» legal que denunció el propio tribunal. Una argucia con la que la Generalitat busca esquivar el fallo.

Por su parte, el PSC ya ha asegurado que no apoyará el decreto ley del Govern sobre el modelo de uso lingüístico en las escuelas si este tiene «la voluntad de esquivar o incumplir la sentencia» del de impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. «Más allá de que nos gusten o no nos gusten, las sentencias se tienen que cumplir» aseguró la viceprimera secretaria, Lluïsa Moret, por lo que ha anunciado que los socialistas no apoyarán un decreto «fruto del nerviosismo» si «la voluntad es esquivar o incumplir la sentencia». ERC y Junts fían en los Comunes la convalidación del decreto en el Parlament tras la negativa del PSC y también de la CUP.