La ley para sortear el 25% de castellano en las escuelas recibe el aval del Consejo de Garantías Estatutarias

La ley del catalán en la escuela acordada por Esquerra, Junts, el PSC y Comuns se ajusta al Estatut y la Constitución. Así lo ha dictaminado el Consell de Garanties Estatutàries este martes por unanimidad, en respuesta a la petición de Vox, Cs y PP, que la consideraban inconstitucional y contraria al Estatut, lo que paralizó la votación sobre la ley por lectura única y urgente, prevista para el viernes 27 de mayo. El CGE ha agotado el plazo para emitir su dictamen, que era de siete días hábiles, y ha llegado después del plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio al Govern para ejecutar su sentencia.

Este trámite ha obligado a retrasar la aprobación del texto, prevista inicialmente hace dos semanas. De hecho, éste era el objetivo de los grupos que le llevaron al consejo: frenar la ley que quiere responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a dar el 25% de las clases en castellano.

Entre otras cosas, la ley establece el catalán como lengua vehicular y el español como lengua de uso curricular. El acuerdo también añade que “la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la situación sociolingüística”. Si no hay ningún cambio, recibirá la luz verde en el pleno del Parlamento este miércoles.

El Consejo de Garantías Estatutarias se ha reunido tres veces antes de votar y emitir el dictamen, que especifica que no vulnera ni los artículos 3 y 27 de la Constitución, ni los 6 y 35 del Estatut. Su decisión, en cualquier caso, no es vinculante.

Ahora bien, la congelación de la tramitación de la ley hizo que el gobierno acelerara la aprobación, el pasado lunes, de un decreto que rechaza el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas y obliga a los centros educativos a verificar los sus proyectos lingüísticos y establece que el Departamento de Educación es el único responsable legal. El decreto entró en vigor el pasado martes, el mismo día que terminaba el plazo para aplicar la sentencia.

También fue llevado al Consejo de Garantías -que tiene hasta el día 21 para pronunciarse- y partidos o entidades contrarios a la inmersión se han dirigido al Tribunal Superior de Justicia ya la Fiscalía. Se dirigirán también al Tribunal Constitucional.

Tanto la ley que hoy ha recibido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias como el decreto que ahora está a la espera de la convalidación en el Parlamento sirvieron al gobierno para argumentar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha habido un cambio legislativo y que, por tanto, ya no se puede aplicar el porcentaje del 25% de castellano. La respuesta del tribunal todavía no ha llegado.