El TSJC confirma y blinda el 25% de castellano en la escuela de Canet

Nuevo espaldarazo judicial al 25% de castellano en las aulas coincidiendo con el incumplimiento por parte de la Generalitat de la sentencia que obliga a aplicarlo en todo el sistema educativo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirma y mantiene el bilingüismo en la clase de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, en la provincia de Barcelona, un caso individualizado previo al fallo que puso sobre la mesa el conflicto lingüístico en la escuela.

En concreto, la justicia ha desestimado el recurso de las familias que solicitaron retirar el 25% del aula en cuestión –una clase de P5– para que imperase la inmersión únicamente en catalán en todo el centro educativo. El Govern se había posicionado a favor y había apoyado a los padres que reclamaban retirar el bilingüismo. Hace un par de meses, a finales de marzo, el TSJC ya rechazó la petición de paralizar la aplicación del 25% de castellano en la escuela de Canet de Mar. Ahora, ratifica el bilingüismo de nuevo al desestimar otro recurso.

En concreto, los alumnos de esta clase de prescolar del Turó del Drac reciben seis horas y media a la semana de educación en castellano dedicado a artes visuales, plástica y psicomotricidad. El resto, un 75% del tiempo lectivo, se sigue impartiendo en catalán.

El caso de Canet levantó una auténtica polvareda social y política a finales del año pasado a raíz de la campaña de acoso y señalamiento contra la familia del menor solo por haber solicitado el 25% de castellano para su hijo. Además de los mensajes a través de las redes, el independentismo montó una manifestación de protesta justo en los aledaños del centro y el propio consejero de Educación, Josep González Cambray (Esquerra), visitó el colegio para posicionarse sin disimulo a favor de la inmersión junto a la alcaldesa de la localidad, también del partido republicano.

El caso particular de Canet coincidió justo con el aval del Supremo a la histórica resolución del TSJC que ordena aplicar un 25% de castellano en todo el sistema educativo y que la Generalitat ya está incumpliendo una vez vencido el plazo de ejecución este martes 31 de mayo.

Cabe recordar que hasta esta sentencia marco que afecta a todo el sistema educativo de Cataluña –a los casi 5.000 colegios e institutos públicos y concertados– las peticiones eran individualizadas y sólo se aplicaba el 25% en la clase del menor demandante, como sucedió en Turó del Drac con esta familia.

«El tribunal se mantiene firme en la defensa del modelo de conjunción lingüística» y «no reconoce el derecho a escolarizar solo en catalán», celebró ayer la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad de referencia que asesora a las familias demandantes.

Un 25% en una clase de Canet que la justicia vuelve a ratificar en un momento clave del conflicto lingüístico: sobre la sentencia que afecta a todo el sistema, la pelota está ahora en el tejado del TSJC, que debe tomar la palabra ante la Generalitat por la ejecución del bilingüismo en las escuelas catalanas. El Ejecutivo de Aragonès alegó esta semana «la imposibilidad legal» de aplicar el 25% amparándose en su propia normativa, la reforma vía decreto aprobada deprisa y corriendo y de forma unilateral por ERC y Junts para burlar a los tribunales.

Todo después de que el Govern culminara el desafío y ordenara a los 5.000 colegios catalanes no fijar ningún tipo de porcentaje en las aulas, a retirarlo de todos aquellos centros que ya lo aplican –como por ejemplo la mencionada escuela de Turó del Drac, contradiciendo así el fallo del TSJC, que ordena imponerlo– y a mantener la inmersión lingüística en catalán.

La nueva ley, al caer

Al independentismo le falta una pata del armazón jurídico que ha tratado de levantar para responder a la sentencia del 25%: la nueva ley pactada con el PSC y los Comunes que omite porcentajes lingüísticos.

La normativa, registrada tras dos meses de peleas entre ERC y Junts, está paralizada en el Parlament después de que PP, Cs y Vox pidieran un dictamen al Consejo de Garantías.

El texto, no vinculante pero sí necesario para seguir con su tramitación urgente, está al caer y la ley se aprobará con toda probabilidad en el pleno que empieza el miércoles en el Parlament.

En cuanto llegue el dictamen, la Mesa modificará el orden del día del pleno para ampliarlo con el debate y la aprobación de la ley que cuenta con los votos de ERC, PSC, Junts y Comunes.