La Generalitat de Cataluña cede ante la CUP y aparta de los desahucios a los antidisturbios de Mossos

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, fue el encargado de presentar ayer los nuevos protocolos de Mossos d’Esquadra para afrontar los desahucios.

Toda una cesión a los antisistema, los nuevos métodos serán más «sociales», para garantizar la activación de los servicios sociales en casos de familias vulnerables, aunque seguirán enviando a las unidades antidisturbios como último recurso ante desahucios considerados de riesgo. Y siempre con orden judicial.

Así lo anunciaron Elena y el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, en una rueda de prensa para explicar sus dos nuevos protocolos de trabajo interno para fijar sus criterios de actuación en los desahucios, tanto por mandato judicial como por ocupación flagrante, que ya cuentan con el aval de la Fiscalía.

Los Mossos potenciarán su mirada social para saber qué se encontrarán cuando vayan a un desalojo, para garantizar así la activación de los servicios sociales en caso de familias vulnerables, y establecerán tres niveles de riesgo en sus operativos, de forma que, como último recurso, se seguirá activando a la unidad antidisturbios (BRIMO).

Uno de los puntos del acuerdo entre ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès -que ambas partes dieron ya por roto- establecía la «no intervención ARRO y BRIMO en desahucios en familias o personas vulnerables», mientras que el Parlament aprobó en enero pasado, con el apoyo de ERC, Junts y los Comuns, una resolución que instaba al Govern a evitar «como criterio general» la participación de los antidisturbios en los desahucios de personas vulnerables. De esta manera, la CUP y también los Comuns han ganado esta batalla, en un asunto especialmente sensible para ellos.

Los protocolos establecen, en concreto, que las unidades antidisturbios no intervendrán «de oficio» a no ser que hayan sido requeridas por la autoridad judicial o cuando el jefe de dispositivo o los mandos superiores valoren que en el entorno del desalojo se pueden producir riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes, acciones que puedan comprometer el orden público o que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial. Así, todo se basará en el juicio sobre los riesgos de cada intervención.

En su discurso, Elena señaló que los antidisturbios son necesarios «cuando solo su intervención puede evitar males mayores», y que es a partir de este criterio que se ha regulado su presencia en los protocolos internos sobre los desalojos, al igual que ocurre por ejemplo en las manifestaciones.

Por su parte, Sallent precisó, en su primera comparecencia pública junto a Elena después de la reestructuración del cuerpo, que la BRIMO y la ARRO no se activan «a priori» para llevar a cabo desalojos, «ni ahora ni nunca» ya que esta no es su «finalidad», aunque han establecido en los protocolos «determinadas circunstancias» en las que tiene sentido que acudan, como por ejemplo si la casa ocupada está «fortificada» con trampas dentro -como ha ocurrido en algunas ocasiones- o si hay una concentración en la que puede haber riesgo para las personas o bienes. Se incidió mucho en que solo actuarán los antidisturbios si hay situaciones arriesgadas o violentas, o que alguien esté en peligro.

En cualquier caso, Elena insistió en que la intervención policial en los desahucios se seguirá haciendo de forma «progresiva», incidiendo en la mediación y, «siempre en última instancia» con las unidades de orden público «cuando así lo requieran las instrucciones judiciales o se den situaciones de riesgo evidente que así lo aconsejen».

Los dispositivos serán progresivos: se pedirá a las personas que deben ser desahuciadas que abandonen la vivienda, si no quieren se les intentará persuadir y se activará la mediación precisamente para evitar la violencia.