El Govern relega al PSC y prioriza a Junts para los presupuestos de Cataluña

Empieza el baile y el Govern descorcha la negociación para los presupuestos de 2023 con los Comunes, el partido que facilitó su aprobación el año pasado. También con Junts, ex socio en el Palau de la Generalitat y formación prioritaria para Esquerra dentro del independentismo. Con ambos se citaron ayer la nueva consejera de Economía, Natàlia Mas, y la vicepresidenta Laura Vilagrà (ERC) y el objetivo de empezar a dibujar sus líneas maestras para así tantear posibles apoyos.

Dos reuniones que revelan las intenciones del Ejecutivo de Pere Aragonès y relegan al PSC, primer partido de la Cámara, aún sin turno y el único que ha reiterado en numerosas ocasiones su mano tendida y la predisposición a negociar las cuentas.

Con el partido de Ada Colau se celebró el primer encuentro ayer a mediodía en el Palau de la Generalitat y fue una «toma de contacto» que sirvió, por un lado, para revisar la ejecución del presupuesto anterior y, por otro, para definir las «prioridades» presupuestarias de los Comunes para hacer frente a la inflación.

La facción morada reiteró los ejes de su planteamiento, que pasan por un impuesto de solidaridad a las rentas de más de 175.000 euros, un «escudo social mínimo» de mil millones de euros para hacer frente a la inflación y la pobreza energética, soberanía energética y planificación ecológica y un plan de vivienda para acabar con los 32.000 pisos vacíos de los «fondos buitres».

Algunas de estas medidas parecen difíciles de asumir por Junts, cuyos representantes –la portavoz Mònica Sales y los diputados en el Parlament Joan Canadell y Jordi Munell– acudieron por la tarde al Palau de la Generalitat para empezar a hablar sobre las cuentas con la intención de dejar claras sus exigencias.

«Tenemos 32 diputados, haremos valer nuestros votos y nuestra fuerza», advirtió Sales, que recordó que el proyecto que elaboró el ex consejero de Economía, Jaume Giró (Junts), «respondía a un Govern de coalición», a diferencia de ahora, cuando se trata de un ejecutivo «en solitario» tras la salida posconvergente.

De hecho, desde el partido de Borràs se insiste en conocer «con qué apoyos cuenta» el Govern y cuál es su «orientación política», un mensaje de doble filo dirigido a los Comunes y al PSC. A los primeros por sus políticas sociales y propuestas económicas, incompatibles con el ADN posconvergente. Y a los socialistas por la alianza con los republicanos en el Congreso –entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez– que ahora podría extrapolarse a Cataluña.

Pese a incluir a su partido en la negociación formal para las cuentas, el Govern sigue desdeñando la mano tendida de Salvador Illa, quien espera convocatoria tras reclamar con insistencia cierta prioridad al ser el líder de la oposición y sumar 33 escaños. Una preferencia que Aragonès omite y evita en su idea de pactar con Junts y los Comunes, y tener al PSC en la recámara para no acabar optando por una prórroga presupuestaria que obligaría a renunciar a 3.000 millones en plena crisis.

Eso sí, el Govern ya se ha llevado su primer revés: la CUP se desmarca y anunció ayer que no piensa participar en esta ronda de contactos porque considera que la negociación presupuestaria es «ficticia». Un portazo en toda regla del partido antisistema, «prioritario» para ERC e instalado desde el año pasado en la oposición pese a haber facilitado la investidura de Aragonès en mayo de 2021.