Presupuestos: Aragonès abre juego y el PSC pide prioridad

La negociación de los presupuestos de 2023 acapara protagonismo en esta recta final de año y marcará el devenir de la legislatura para el Govern de Pere Aragonès, en solitario tras la ruptura de Junts y su posterior salida del Ejecutivo. Tener unas cuentas a punto cuanto antes se ha convertido en una necesidad para Esquerra por varios motivos: primero, por proyectar una imagen de gestión solvente al frente del Govern; también para despejar dudas ante la falta de aliados en la cámara, y más en pleno contexto de crisis y con una inflación disparada.

En plena cuenta atrás antes de que acabe el año, Pere Aragonès abrirá esta misma semana una primera ronda con los distintos partidos con el objetivo de tratar de salvar los presupuestos. Y en esta primera toma de contacto para informar del estado de las cuentas, el Govern incluye a Junts, los Comunes, la CUP y también el PSC.

Tras el encuentro del viernes entre el líder de la oposición, Salvador Illa, con el propio presidente de la Generalitat, el PSC reclama ahora prioridad en las reuniones. Es decir, ser el primer grupo con que el Govern inicie su ronda de contactos para abordar las cuentas al ser «el primer partido» de Cataluña con 33 escaños.

«El presidente de la Generalitat tiene que convocar a todos los grupos del Parlament, es su obligación. No nos lo tomamos como una cosa extraordinaria», aseguró la portavoz del PSC, Elia Tortolero, ayer en rueda de prensa tras la reunión semanal de la ejecutiva. De hecho, desde las filas socialistas buscan sacar hierro a la suma del PSC en esta primera ronda de contactos y aseguran que se trata de algo «normal» dada la situación. Un discurso para quitar la presión a ERC, especialmente la ristra de reproches provenientes de Junts. «Estamos en el mismo lugar que hace semanas, tendiendo la mano», zanjó la portavoz socialista ayer. En paralelo, Illa seguirá esta semana con las reuniones con agentes económicos y sociales para conocer sus reclamaciones e incluso plantear algunas demandas al Govern de la Generalitat.

Los socialistas reiteran también que el objetivo es mantener una negociación presupuestaria «clásica» para que Cataluña tenga un presupuesto en 2023 y que estén vigentes el 1 de enero. Y cierran la puerta a dar su apoyo gratis sin haber abordado antes la letra pequeña de las cuentas. Dos condiciones que la formación de Salvador Illa ya ha planteado al Ejecutivo catalán.

También el Govern de Pere Aragonès ha reiterado en público sus intenciones iniciales: para aprobarlos, los republicanos buscarán el apoyo de las formaciones que votaron la investidura del president, en concreto de los posconvergentes, la CUP y los Comunes, que facilitaron las cuentas del año pasado. «No se entendería que Junts se descartase de unos presupuestos hechos por Junts», aseguran en el Govern sobre el desmarque del partido de Laura Borràs.

Frente a ello, Junts asegura que no negociará hasta que el president se someta a una cuestión de confianza en el Parlament, un órdago en toda regla. Y los antisistema parecen instalados definitivamente en la oposición tras no aprobar las anteriores.

Cabe recordar que a mediados de septiembre, el Govern aprobó el techo de gasto no financiero de la Generalitat para 2023, que se fijó en 33.113 millones de euros, lo que supone un 10,3% más que lo incluido en los presupuestos de la Generalitat de 2022, es decir, 3.098 millones más que no podría gastar si tuviera que prorrogar las cuentas actuales por la falta de apoyo para aprobar las específicas de 2023.

Para poder disponer de estos fondos extra, de esos más de 3.000 millones, el Govern debería recurrir a fórmulas como modificaciones presupuestarias, generaciones de crédito o suplementos de crédito, por ejemplo, lo que implica una ejecución más lenta de estos recursos.

Un ejemplo del campo de minas al que se enfrenta el Govern de Pere Aragonès es la ampliación presupuestaria que la semana pasada planteó para el departamento de Salud. En forma de decreto ley, ahora esta medida deberá ser convalidada por los grupos en el Parlament, una tarea nada sencilla si se tiene en cuenta el precedente del último pleno. En él, ERC constató la soledad de sus 33 diputados con varias votaciones perdidas. La más sonada fue la ley del plan estadístico de Cataluña 2023-2028, que llegaba al pleno listo para ser aprobado tras superar la tramitación parlamentaria y no prosperó tras la abstención de Junts.