Caso Cellex: seis años sin auditorías ponen en jaque el legado millonario de Pere Mir

La muerte de Pere Mir en 2017, emblemático mecenas de la ciencia catalana, marcó el inicio de un vacío de control en las fundaciones Cellex y Mir Puig, ahora bajo investigación judicial por presunta administración desleal y apropiación indebida. El detonante de la investigación ha sido la ausencia total de auditorías externas durante seis años, desde 2017 hasta 2023, un vacío que habría facilitado el desvío de cientos de millones de euros del legado filantrópico.

Nacido en Barcelona en 1919 en el seno de una familia de clase media, Pere Mir Puig construyó su fortuna desde cero, combinando ingenio técnico y una visión empresarial novedosa. Tras estudiar ingeniería química en la Universidad de Barcelona, fundó en 1942 Derivados Forestales, una empresa pionera en la producción de resinas sintéticas y aglomerados para la construcción, materiales clave en la reconstrucción de la España de posguerra. Su innovación estrella, el aglomerado fenólico, revolucionó el sector al ofrecer una alternativa duradera y asequible a la madera maciza, lo que le permitió dominar el mercado ibérico durante tres décadas. Con una planta en Sant Joan Despí y otra en Zaragoza, la empresa llegó a facturar 120 millones de euros anuales en los años ochenta, empleando a más de 800 trabajadores. Mir, descrito por sus colegas como un líder meticuloso y austero, vendió Derivados Forestales en 2003 al grupo italiano Savio Legno por 240 millones de euros, pero su verdadero legado comenzó mucho antes, en las décadas de 1970 y 1980, cuando empezó a canalizar parte de sus ganancias hacia proyectos sociales y científicos.

En 1978, aún al frente de su empresa, creó la Fundación Mir Puig, inicialmente modesta, con el objetivo de financiar becas educativas para hijos de trabajadores de Derivados Forestales y apoyar programas de asistencia a personas sin hogar en Barcelona. Y, posteriormente, fundó la Fundación Cellex, ya con recursos más sustanciales, dedicada exclusivamente a impulsar la investigación médica y tecnológica.

Tras la venta de su compañía en 2003, Mir redobló su compromiso filantrópico, inyectando 150 millones de euros adicionales a ambas entidades. Bajo su dirección personal hasta su muerte, en 2017, Cellex se convirtió en el mayor mecenas privado de la ciencia en España, con aportaciones emblemáticas como los ocho millones de euros para la construcción del centro de investigación Cellex en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en 2006, los 16 millones donados al Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) en 2010 –la mayor contribución privada a un centro científico en el país hasta esa fecha– y la adquisición del primer PET-TAC de Cataluña para el Hospital Vall d’Hebron, un equipo de diagnóstico oncológico que redujo los tiempos de espera de seis meses a dos semanas. Quienes lo conocieron recuerdan que revisaba cada proyecto personalmente y buscaba un impacto real, no solo cifras en papel.

Al fallecer en 2017 a los 98 años, víctima de un fallo cardíaco, Mir dejó un patrimonio estimado en 400 millones de euros, según el informe presentado por su excolaborador Àngel Surroca. Las fundaciones quedaron bajo la gestión de un patronato presidido por su albacea, el abogado Jordi Segarra, e integrado por el oncólogo Josep Tabernero –director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO)– y el letrado Juan Francisco Capellas. Los estatutos establecían destinar el 90% de los recursos a ciencia y el 10% a asistencia social, pero en seis años, el patrimonio declarado se desplomó a 12 millones de euros en 2023, sin que mediaran auditorías externas que explicaran este colapso del 97%. La Ley 50/2002 de Fundaciones exige revisiones anuales obligatorias para entidades con más de 2,4 millones en activos, un umbral que Cellex y Mir Puig superaban ampliamente incluso en su etapa de declive. La ausencia de estos controles, según la denuncia de Surroca, permitió operaciones opacas como la venta de una masía en la Vall d’Aran a Tabernero por un millón de euros –un 60% por debajo de su valor tasado–, transacciones con sociedades vinculadas como Simex y Mil Veinte que absorbieron 75 millones de euros sin justificación filantrópica, y la desaparición de activos clave como dos inmuebles en Zúrich (valorados en quince millones) y una colección de relojes de alta gama de Mir, nunca inventariada.

El pasado jueves saltaban todas las alarmas y la investigación judicial dio un giro dramático. Al amanecer, agentes de los Mossos d’Esquadra irrumpieron en los domicilios de Josep Tabernero, Jordi Segarra y Juan Francisco Capellas en Barcelona, Sant Cugat y Sitges, respectivamente. Según fuentes policiales, dichos registros –ordenados por la jueza Myriam Linage del Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona– permitieron incautar catorce cajas de documentos, incluyendo contratos de venta de propiedades, extractos bancarios de cuentas en Andorra y Luxemburgo, y correos electrónicos entre los investigados. Los tres fueron detenidos brevemente para evitar la destrucción de pruebas, según la fiscalía, y quedaron en libertad provisional tras declarar. Horas después, el Departamento de Justicia de la Generalitat, liderado por Ramon Espadaler, anunció la intervención de las fundaciones y cuatro sociedades vinculadas (Simex, Mil Veinte, Interesessai y José Pàmies SA), así como la congelación de activos en Suiza y Andorra por valor de 62 millones de euros. «Nuestro deber es garantizar que el legado de Mir cumpla su fin social», declaró Espadaler.

Investigación judicial

La jueza Linage centra ahora su investigación en tres ejes: administración desleal, para analizar si los albaceas gestionaron el patrimonio en beneficio propio, como sugiere el incremento de sus salarios (Segarra pasó de cobrar 85.000 euros en 2017 a 320.000 en 2023) y la compra de la masía por Tabernero; apropiación indebida, rastreando 45 millones de euros transferidos a la sociedad Pinar SA en Luxemburgo, no vinculada a los estatutos de Mir; y blanqueo de capitales, investigando si fondos de las fundaciones se canalizaron a cuentas en Andorra y Suiza para ocultar su origen. Mientras, la auditoría forense, encargada por la Generalitat, revisa minuciosamente seis años de operaciones. Sus hallazgos preliminares, filtrados a la prensa, revelan que el 80% de las donaciones de Cellex entre 2017 y 2023 se destinaron a proyectos liderados por el propio Tabernero o instituciones vinculadas a Segarra, en lugar de seguir procesos competitivos.

Pere Mir no fue un filántropo convencional. Evitó el protagonismo y mantuvo siempre un perfil discreto. Su testamento especificaba que todo debía ir a ciencia y asistencia social. Hoy, esa voluntad pende de un hilo. La auditoría y la investigación judicial decidirán si el legado de Mir fue víctima de negligencia o de un expolio.