El Govern destina 260.000 euros al alquiler de las nuevas "embajadas"

Las llamadas «embajadas», las delegaciones que la Generalitat tiene en el exterior y que fueron objeto de controversia durante el «procés», siguen dando que hablar por su inclusión en los Presupuestos de 2023. Las cuentas incluyen en el departamento de Acción Exterior y Unión Europea una partida de 259.090 euros para nuevas oficinas, inexistente el año pasado. En concreto, la memoria del patrimonio de la consejería habla de la «previsión de nuevos alquileres en varias delegaciones de alrededor del mundo», sin concretar direcciones ni países.

Una cuantía que el Govern ha previsto para sufragar la puesta en marcha de las siete «embajadas» creadas el año pasado pero que aún no están en marcha. «Cuando termine el año, tendremos más delegaciones que nunca en funcionamiento», subrayó la semana pasada la consejera de Esquerra, Meritxell, en una comparecencia en el Parlament.

De hecho, el Ejecutivo de Pere Aragonès ya ha dejado claro que su prioridad es el desarrollo y la consolidación de todas las delegaciones en el exterior, y para ello ve necesario que las de Japón, Andorra, Corea del Sur, Brasil, Senegal, Sudáfrica y la de Cono Sur (Argentina y Chile) estén totalmente operativas para que sean «útiles» a lo largo de este 2023.

Es decir, dotarlas de personal, presupuesto y oficina física más allá de la firma del decreto de apertura, como ha ocurrido con las últimas. Y aquí entra la partida de casi 260.000 euros anuales para costear el alquiler de las nuevas sedes en el extranjero.

Sobre las siete que faltan y que el Govern quiere poner en marcha para relanzar su presencia a nivel internacional, en los próximos meses el Ejecutivo tiene previsto hacer «operativas» las delegaciones en el Cono Sur, Senegal, África Meridional y Corea del Sur con sus respectivas oficinas. Una argucia, la de culminar la apertura de estas siete «embajadas», a la que Esquerra se ha agarrado para mantener su relato y enfatizar dentro del independentismo que sigue priorizando la escena internacional pese a las exigencias del PSC.

En este sentido, cabe recordar que los socialistas se plantaron y exigieron para aprobar los Presupuestos que se «paralizara» la apertura de nuevas oficinas. Una reclamación que los republicanos han sorteado con el argumento de que estas siete ya estaban previstas en 2022, año en el que se firmaron los decretos para su puesta en marcha.

El caso de Japón

Otra muestra más de que la intención de la Generalitat es relanzar su política exterior es el nombramiento de la delegada en Japón, rubricado en la reunión del Ejecutivo previa al pacto presupuestario con el PSC. El puesto será para Mònica Castellà, licenciada en estudios de Asia Oriental. De hecho, es la primera delegada del Govern en este país. Con su nombramiento, complementará la representación institucional de la Generalitat en el continente asiático, junto al delegado en Corea del Sur, Jaeyeok Yoon Kang, nombrado en septiembre.

En total, el Ejecutivo catalán tiene ya 13 «embajadas» físicas operativas con un coste de 8,9 millones de euros en 2022. El alquiler más caro es el de la oficina de Bruselas, con un montante de 872.935 euros para este año.