El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un paquete cerrado de seis medidas para abordar la crisis de vivienda en la ciudad, entre las que se incluye la flexibilización de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones. El líder de la formación, Jordi Martí Galbis, ha explicado que estas propuestas serán trasladadas al alcalde, Jaume Collboni, en la reunión que mantendrán este miércoles. Martí ha señalado que el objetivo de Junts es “incidir” en el rumbo de la política municipal y ha defendido que estas medidas deben aplicarse de manera conjunta para garantizar su efectividad.

Martí ha subrayado que las propuestas de Junts no buscan rescatar al gobierno municipal, sino ofrecer soluciones reales para los ciudadanos ante el "clamoroso fracaso" de las políticas de vivienda de los últimos diez años bajo la gestión de Ada Colau y el propio Collboni. Además, ha advertido al alcalde que con solo 10 concejales no podrá resolver la grave situación de acceso a la vivienda sin apoyo externo.

Entre las medidas que Junts considera prioritarias, se encuentra la movilización de suelo público y la reclamación de los activos inmobiliarios de la Sareb en Barcelona para que pasen a ser de titularidad municipal. Según Junts, estos activos incluyen 567 viviendas, 85 locales, 25 solares y 136 anexos de distintos tipos, como garajes y trasteros. La formación exige que Collboni “negocie y reclame” estos activos para destinarlos a vivienda asequible.

Otra de las propuestas clave es la creación de ayudas tanto para la compra de una primera vivienda como para el alquiler. En el primer caso, se propone ofrecer préstamos municipales de hasta el 20% del precio de compra en colaboración con el Institut Català de Finances (ICF). Para el alquiler, Junts plantea una ayuda de hasta 3.500 euros para familias con menores a cargo para cubrir los gastos de entrada a una vivienda, así como una subvención del 20% del alquiler para familias monoparentales, con un máximo de 3.500 euros anuales.

En el ámbito fiscal, Junts apuesta por reducir el 4% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las ordenanzas fiscales de 2026 y favorecer la transición de los alquileres de temporada a contratos de larga duración mediante bonificaciones e incentivos fiscales.

El grupo municipal también ha pedido que no se repitan situaciones como la de la Casa Orsola, en referencia a la compra de edificios por parte del Ayuntamiento en operaciones que han generado polémica. En este sentido, han reclamado que en los procesos de tanteo y retracto se apliquen criterios de vulnerabilidad real y no decisiones basadas en la presión mediática.

Finalmente, Junts ha insistido en la necesidad de modificar la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones inmobiliarias, ya que consideran que su aplicación ha sido un “absoluto fracaso”. Sin embargo, Martí no ha detallado cómo pretenden flexibilizar esta medida, limitándose a afirmar que su grupo tiene “recetas” que revelarán en el momento oportuno.

Algunas de estas propuestas ya han sido debatidas y votadas en el pleno del Ayuntamiento en ocasiones anteriores, pero Junts insiste en que deben aplicarse en bloque para tener un impacto real en el acceso a la vivienda en Barcelona. Ahora, la formación espera la respuesta del gobierno municipal y confía en que Collboni esté dispuesto a negociar para dar salida a la crisis habitacional de la ciudad.