En el Congreso de los Diputados se está produciendo un pequeño cambio de paradigma. Antes, desde el 23-J a esta parte, si se hablaba de un partido que está en el bloqueo, al cual hay que darle concesiones casi imposibles para intentar aprobar leyes, se pensaba irremediablemente en Junts. Los de Carles Puigdemont han hecho del "de entrada NO" una forma de convertirse en el hueso duro de roer, la piedra en el zapato para el Gobierno y sus socios.

Pero eso ya no es así. Ahora Podemos también se ha sumado a esa estrategia del bloqueo, algo que cada vez está poniendo más nerviosos a los socios de Pedro Sánchez. Sobre todo, porque consideran que los morados se están posicionando en contra de cuestiones que son buenas para la izquierda. "El partido que ahora está dando problemas para aprobar cuestiones sociales no es Junts, es Podemos", reconoce tajantemente una fuente parlamentaria del bloque de investidura.

Ayer en el Congreso se vieron dos ejemplos. El primero, que Podemos votó en contra de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Lo hizo porque considera que es una ley con tintes racistas, y lo hizo en contra de lo que votó la mayoría de la izquierda, que prefería centrarse en que la transferencia de competencias es buena.

El segundo ejemplo fue menos vistoso, al menos de momento, pero será importante también. La Comisión de Transportes aprobó ayer la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno y la envió a Pleno tras varios meses de discusión en la Cámara Baja. En la Comisión, los socios del Gobierno votaron con el PSOE, excepto Podemos, ya que la representación del grupo mixto al que pertenece recae sobre el diputado del BNG, Néstor Rego. PP y Vox votaron en contra.

Con esos resultados, la aritmética parlamentaria vuelve a poner a Podemos en el centro y será la formación morada la que tendrá que desempatar entre los socios del Gobierno y la oposición. Sucederá igual que ha sucedido con la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, que todo ha recaído sobre los morados.

Pero Podemos está anunciando desde ya su voto en contra. La formación pone como condición para apoyar la Ley de Movilidad Sostenible que se detengan las ampliaciones del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y del puerto de Valencia. Consideran que esos son proyectos contaminantes y que no tiene sentido aprobar una ley sobre movilidad ecologista con esas obras en marcha.

De momento, el Gobierno no tiene ningún tipo de intención de frenar esas obras. "Pues otra ley que no sale", afirman fuentes cercanas a la dirección de Podemos.

El problema para el Ejecutivo es que esa presión de los morados no ha sustituido a los de Junts. Si no, habría sido cambiar los siete diputados independentistas por los cuatro morados, lo que facilita las sumas. Los independentistas siguen apretando y siguen amenazando con romper definitivamente su alianza con el PSOE.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo ayer que la decisión que tiene que tomar su partido sobre el futuro de la legislatura estará cerrada "antes de comer los turrones de Navidad" y aseguró que no sería una decisión "en caliente", sino que se hará "pensando en el país". En Cataluña, claro.

Según explicó, el acuerdo con los socialistas no era "para salvar Plenos del Congreso", sino para arrancarle a Sánchez logros de autogobierno para Cataluña. Pero el problema para los independentistas es que ven cómo muchos de sus pactos con el PSOE no se están llegando a materializar. La cesión de las competencias migratorias es un ejemplo de ello: fue pactada pero fue tumbada ayer por la Cámara Baja. Y lo mismo sucede con otros asuntos como la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la quita de la deuda.

Con Aliança Catalana comiéndole terreno en las encuestas, Puigdemont no puede dar la apariencia de estar sosteniendo al Gobierno central sin obtener nada a cambio. Eso es, justamente, de lo que acusan a ERC, su otro gran competidor.