El PSC se queda solo defendiendo un cupo catalán que no ha contentado ni a un lado ni a otro

El Govern de la Generalitat presentó este lunes un acuerdo con el Estado sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña, fruto del pacto alcanzado el pasado verano entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president. Aquel entendimiento incluía el compromiso de negociar una financiación "singular" para Cataluña, un concepto que desde entonces ha generado especulaciones sobre si sería un concierto económico al estilo vasco, una nueva fórmula bilateral o una gestión plena de impuestos.

Lo cierto es que, pese a la expectación generada, el documento presentado ante los grupos parlamentarios y la prensa, excepto Vox, PP, Aliança Catalana y la CUP, ha dejado más dudas que certezas. A pesar de que el Govern lo ha vendido como un "cambio de paradigma", Junts lo considera un paso en falso, y dentro de ERC no faltan voces críticas que ven en él una renuncia a los compromisos alcanzados.

Junts lo tacha de "tomadura de pelo" y niega cualquier cesión fiscal

La reacción más contundente ha venido de Junts per Catalunya. Su vicepresidente y diputado en el Parlament, Toni Castellà, calificó el acuerdo de "muy decepcionante" y lamentó no haber sido informado previamente. "No hay modelo de financiación. Lo único que cambia es que la recaudación del IRPF la harán funcionarios de la Generalitat en lugar de los del Estado, pero seguirá siendo el Estado quien decida cuánto se paga", denunció.

Junts rechaza que se trate de un modelo singular y denuncia la falta de soberanía fiscal: "No hay capacidad normativa, no hay ley específica para Cataluña. Es solo una reforma de la LOFCA que permite una gestión administrativa, pero no una auténtica recaudación". Castellà lamentó que con este acuerdo no se recupera "ni un euro" del déficit fiscal catalán y reafirmó que su formación solo avalará una propuesta que garantice la cesión del 100% de los tributos, como recogía el llamado "Pacto de Bruselas" con el PSOE.

Este martes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, redobló las críticas y descartó apoyar el pacto si llega al Congreso: "No lo podemos votar de ninguna manera. Es la perpetuación de lo que se quería cambiar", afirmó. Turull también advirtió que la prórroga en la negociación con el PSOE no será eterna y acusó al PSC de actuar siempre subordinado al PSOE.

ERC pide concreciones mientras surgen críticas internas

Desde ERC, partido impulsor del acuerdo, también se han alzado voces reclamando mayor claridad. La portavoz en el Parlament, Ester Capella, reconoció que el principio de ordinalidad, que garantiza que Cataluña no pierda posición relativa respecto a otras comunidades, "no queda blindado" en el texto actual. "No puede ser que esto solo esté en el preámbulo", advirtió.

Capella exigió que en 2026 sea la Agència Tributària de Catalunya quien recaude el IRPF, tal como recoge el acuerdo de investidura con el PSC, y pidió concreciones sobre el calendario y el modelo de Hacienda catalana. Aunque consideró que se trata de "un paso en la línea correcta", admitió que aún hay muchos aspectos por mejorar y alertó de que "no habrá nuevos acuerdos si no se cumplen los ya firmados".

Las dudas también han llegado desde el interior del partido. Carme Forcadell lo tildó de "otra tomadura de pelo" y Dolors Bassa lamentó que el pacto con Illa no se está cumpliendo. Desde la corriente 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs y Alba Camps criticaron que el modelo abandone la singularidad y retrase indefinidamente la cesión del IRPF. Camps incluso pidió repetir la consulta a la militancia: "Esto no es lo que votó ERC", subrayó.

La CUP también ha mostrado su rechazo frontal. La diputada Pilar Castillejo acusó al Govern de aceptar un acuerdo "sin soberanía ni capacidad de decidir sobre los propios recursos". Para la formación anticapitalista, el pacto carece de concreciones en cantidades, plazos y competencias reales: "No sabemos qué se va a traspasar, ni cuándo, ni cómo", advirtió.

El socialismo, también dividido

Ni siquiera desde las filas socialistas hay unidad en el discurso. Desde el Govern defienden que el principio de ordinalidad es una línea roja que Cataluña no piensa traspasar y que está totalmente garantizando. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha asegurado que el respeto a este principio es "imprescindible" para el Govern. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha remarcado que “el principio de ordinalidad queda garantizado y recogido”, y ha subrayado que es “fundamental” para asegurar que Cataluña reciba recursos acordes a la riqueza que genera. También ha reivindicado que se ha logrado por primera vez un acuerdo político que se traslada a uno institucional entre gobiernos, lo que supone, a su juicio, “un punto de inflexión”.

Sin embargo, esta lectura contrasta con el malestar expresado por varios barones del propio PSOE, que ven en este pacto una cesión política ante los independentistas. El expresidente aragonés Javier Lambán ha denunciado en sus redes sociales que el acuerdo "no es ni constitucional ni socialista" y que "acaba con la igualdad y la solidaridad entre españoles". Por su parte, Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha, aseguró que el pacto es fruto del chantaje independentista a Pedro Sánchez, y que esa no es manera de gobernar.