Qué dice (y qué no dice) el acuerdo de financiación para Cataluña: todas las dudas y preguntas sin respuestas sobre la mayor cesión de Illa

Un año después del pacto entre ERC y PSC, el acuerdo sobre las bases del nuevo modelo de financiación catalana firmado este lunes entre la Generalitat y el Gobierno central ha llegado sin cifras concretas, sin calendario claro y con más incógnitas que certezas. El documento, rubricado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, marca el inicio de una negociación compleja que exige reformas legislativas profundas y un consenso político aún lejano.

El texto reconoce, eso sí, la necesidad de reformar el sistema vigente y acepta el principio de que Cataluña pueda recaudar progresivamente la totalidad de los impuestos generados en su territorio, empezando por el IRPF. Cabe decir que, aunque Cataluña podrá (según el acuerdo) recaudar todos los impuestos, no tiene capacidad para fijar los tipos impositivos de los impuestos estatales. En este sentido, la capacidad impositiva no ha sido cedida. El Govern lo presenta como un “cambio de paradigma”; el Ejecutivo central, como un modelo generalizable al resto de comunidades. La oposición, por su parte, acusa a Sánchez de permitir que Cataluña rompa la caja común. La ambigüedad del acuerdo permite todas las interpretaciones.

Sin cifras ni compromisos firmes

Aunque se da por hecho que el nuevo sistema aumentará los recursos disponibles para Cataluña, no se ha hecho pública ninguna estimación. Según Oriol Junqueras, el Govern aspira a recibir entre 5.000 y 6.000 millones adicionales anuales, en el marco de una reforma que podría movilizar hasta 20.000 millones. Sin embargo, las cifras elaboradas por el grupo de trabajo creado en octubre siguen guardadas en un cajón hasta otoño, y ni Torres ni Dalmau quisieron ayer especificar en su comparecencia.

También quedan en el aire aspectos clave como el funcionamiento inicial de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que por ahora no tiene capacidad técnica para gestionar tributos como el IRPF, ni la cuenta en la que se ingresará el dinero recaudado. Aunque en el pacto de investidura de noviembre se fijó 2026 como el año en que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) podría asumir la recaudación del IRPF correspondiente a 2025, en el documento firmado este lunes se rebaja esa expectativa. Antes será necesario un plan de desarrollo y modernización que podría alargar los plazos. Desde el Govern, sin embargo, se insiste en que ese objetivo sigue vigente a medio plazo y que se están dando los pasos para reforzar la estructura de la agencia.

Además, todo ello dependerá de reformas legales aún por negociar, como la modificación de la LOFCA, para las que hoy no hay mayoría suficiente en el Congreso. Junts y Podemos, por ejemplo, se desmarcan del pacto. Si el Congreso no aprueba estas modificaciones, el modelo podría quedarse en un marco de intenciones sin capacidad jurídica para aplicarse. ERC ya ha advertido que cualquier incumplimiento tendrá consecuencias políticas, mientras que el PSOE confía en poder negociar los apoyos necesarios para sacar adelante los cambios. Aun así, el margen es estrecho y dependerá del calendario parlamentario.

Aunque en el pacto de investidura de noviembre se fijó 2026 como el año en que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) podría asumir la recaudación del IRPF correspondiente a 2025, en el documento firmado este lunes se rebaja esa expectativa. Antes será necesario un plan de desarrollo y modernización que podría alargar los plazos. Desde el Govern, sin embargo, se insiste en que ese objetivo sigue vigente a medio plazo y que se están dando los pasos para reforzar la estructura de la agencia.

El principio de ordinalidad, solo en el preámbulo

Uno de los puntos más sensibles es el llamado principio de ordinalidad, según el cual Cataluña no debería empeorar su posición relativa en el ranking de comunidades que más aportan y que más reciben tras el reparto. Aunque “Cataluña considera” que debe respetarse este principio, solo aparece mencionado en el preámbulo y no en el articulado del acuerdo, lo que ha generado inquietud entre las filas independentistas.

El nuevo modelo elimina el sistema de anticipos actual y se basará en la recaudación directa por parte de la ATC, que transferirá posteriormente una parte pactada al Estado para cubrir competencias generales (como defensa o aduanas). El resto financiará servicios propios (educación, sanidad…) y se definirá una aportación solidaria con el resto de comunidades que, en teoría, no debe perjudicar a Cataluña. Sin embargo, tampoco se sabe de cuánto será esa cuota, ni si la decidirá la Generalitat, la decidirá el Estado, o será negociable.

Una cesta poco definida

Una de las incógnitas clave del nuevo modelo es el reparto final de los tributos. El acuerdo no establece aún con claridad qué porcentaje de los impuestos recaudados por la ATC se transferirá a la administración del Estado y cuál permanecerá en Cataluña. La Generalitat aspira a gestionar el 100% de los tributos generados en su territorio, y transferir posteriormente al Estado los fondos que correspondan por competencias no asumidas, pero el Gobierno central aún no ha aceptado ese esquema.

En este sentido, portavoces del Govern y del Gobierno explicaron que todo esto se decidiría a finales de 2025, pues depende del diseño técnico que se quiera hacer. Queda la duda de si lo decidirá de manera multilateral, o lo hará el Estado. Además, si será una cifra negociable cada año en función de las necesidades de ambas administraciones, o será una cifra fija.

Un modelo generalizable… pero “singular”

El acuerdo establece que este modelo podrá aplicarse a otras comunidades que así lo deseen, configurando un sistema asimétrico. A pesar de que ERC y PSC hablaron desde el inicio de una financiación “singular” para Cataluña, lo acordado no excluye su generalización. La “singularidad” se expresaría en función del reparto según las competencias reales de cada comunidad, no en un sistema exclusivo. Para Junts, el acuerdo de ayer "no es ni singular ni es plural, es una decepción" y "hemos pasado del café para todos, al singular para todos". También cabe la duda de cómo podrán adherirse esas comunidades. Si necesitarán el visto bueno del Estado, o bastará con que ellas quieran formalizarlo.

Con todo, el Govern subraya que el pacto supone un avance: más transparencia, desaparición de fondos opacos y criterios objetivos para calcular aportaciones y reparto. Pero el escepticismo persiste. Doce meses después del primer acuerdo ERC-PSC, lo pactado puede leerse tanto como una promesa de transformación fiscal como una nueva pausa en el debate de siempre.