Tribunales

Cano a Ponsoda: “Como amigo te doy la sangre, como alcalde no te respeto”

Una concejala del entonces del equipo de gobierno del PP de Polop considera que el acusado por el crimen es “una buena persona”

Dueños del club Mesalina dicen no saber si allí se planeó el crimen de Polop
Vista de la declaración del entonces concejal de Urbanismo de Polop, el popular Juan Cano, durante su declaración la semana pasada en AlicanteMORELLEFE

El principal acusado del crimen del alcalde de Polop (Alicante) Alejandro Ponsoda en 2007, el entonces concejal de Urbanismo y después alcalde Juan Cano (PP), afirmó poco antes del asesinato a la víctima delante de varios testigos: “como amigo te doy la sangre, pero como alcalde no te respeto”. Así lo ha trasladado hoy al jurado popular que enjuicia este homicidio con siete acusados la entonces concejal del equipo de gobierno del PP de Polop Pilar V., quien ha considerado que Cano es “una buena persona” y ha opinado que este mantenía con Ponsoda una buena relación, por lo que cree en su inocencia.

De esta manera, contradice la versión dada hace unos días por los investigadores de la UCO de la Guardia Civil, que consideran que Cano fraguó el crimen por odio y venganza hacia Ponsoda."Alejandro era una persona muy querida para Juan Cano", ha afirmado esta testigo antes de recordar que el acusado cuidó de las hijas del fallecido ya que, incluso, a una de ellas le facilitó que entrara fija en el ayuntamiento de Polop poco después del suceso, además de darle 3.000 euros de las arcas municipales para gastos tras lo ocurrido.

Igual que lo cree en el caso de Cano, ha incidido en que “nunca” ha observado animadversión en ningún compañero de la corporación municipal contra Ponsoda, aunque sí ha recordado que Cano reprochó en alguna ocasión que el alcalde no “le defendiera” cuando en 2003 fue acusado de un soborno, hecho por el que el acusado fue excluido de la lista electoral del PP entre ese año y 2007, cuando volvió como número dos y responsable de Urbanismo.

Esta testigo ostentó las concejalías de Sanidad, Educación, Medio Ambiente y Servicios Sociales entre mayo de 2007 y 2011 y ha explicado a los seis hombres y tres mujeres del jurado que Ponsoda se encargaba del protocolo y las relaciones institucionales, y que Cano era quien “llevaba las gestiones del ayuntamiento”.

Esta concejal ha relatado que la madre de Ponsoda había fallecido unos meses antes del asesinato y que ese hecho le había “afectado mucho” en su estado de ánimo, aunque al mismo tiempo ha añadido que Ponsoda también estaba “ilusionado” porque en poco tiempo iba a ser abuelo, por el embarazo de su hija Fátima.

Ha manifestado que desde un principio pensó que el móvil del asesinato tenía que estar relacionado “con la vida privada” de Ponsoda ya que, desde su visión como compañera del gobierno local popular, “no había nada en el ayuntamiento para que sucediera algo así”.

Esta testigo ha señalado que tras el tiroteo y minutos después de que una ambulancia del SAMU trasladara a Ponsoda al Hospital General de Alicante (donde murió a los ocho días), llevó en su coche a las dos hijas de Ponsoda (Fátima y María) en dirección al centro de salud de La Nucía para que las atendieran por su estado de ansiedad. Y ha relatado que, de camino, se cruzaron con un coche ocupado por unos vecinos de su padre con los que había habido un problema con un acta de unos terrenos, y que una de las hijas exclamó una palabrota y a continuación la frase “habéis matado a mi padre”.

El crimen de Alejandro Ponsoda se produjo el 19 octubre de 2007 cuando regresaba a su domicilio, situado en la pedanía de Xirles y según el sumario recibió tres disparos, aunque solo uno de ellos le impactó en la cabeza, lo que acabó provocando su muerte ocho días después en el Hospital General de Alicante.

El juicio se celebra contra siete acusados: el referido concejal de Urbanismo y sucesor en la Alcaldía, Juan Cano, del PP; el empresario del calzado Salvador Ros; Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, dueño y gerente del club de alterne Mesalina (donde supuestamente se fraguó el crimen); y tres presuntos sicarios -Radim Rakowski, Robert Franek y Rafael Montero Trevejo-, para todos los cuales se piden 25 años de cárcel a excepción de los tres últimos, para quienes se demandan dos años más por tenencia ilícita de armas.