Elisa Díaz (PP) pide que la actividad forestal se declare fundamental

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha pedido al gobierno valenciano que “especifique los trabajos forestales como actividad esencial ante la actual inseguridad jurídica generada por la crisis del Covid-19″.

La portavoz popular ha explicado que “el Real Decreto Ley 10/202 no lo concreta y las empresas del sector forestal no saben a qué atenerse. Pedimos al Consell apruebe una nota aclaratoria en forma de comunicado oficial similar a la que ha aprobado la Xunta de Galicia para acabar con la inseguridad jurídica en la que el sector se encuentra en nuestra Comunitat.

Es una reivindicación del sector que desde el PPCV apoyamos y pedimos al Consell que atienda, porque aunque en la Comunitat Valenciana se estén continuando algunas actividades forestales, no existe documento alguno que avale dichas actividades como esenciales, y queda al arbitrio de a quién corresponda en cada momento sancionar o no, según interprete si esa actividad que está siendo ejercida es esencial o no lo es. Una aclaración del Real Decreto Ley en esta línea daría seguridad jurídica a un sector, el forestal, que no sabe cómo actuar”.

La portavoz popular ha señalado que “esta es una petición unánime del sector a la que han venido haciendo oídos sordos desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico” y que ha obligado a algunas Comunidades Autónomas a aclarar esta situación.

Por ello pedimos que en esa nota aclaratoria se defina expresamente si la silvicultura y el suministro de biocombustibles sólidos, entre otras actividades forestales, son consideradas actividades esenciales durante el estado de alarma provocado por el COVID-19, que se especifiquen las actividades de este sector que se consideran esenciales. Muchas empresas forestales se encuentran a expensas de interpretaciones subjetivas por parte de los agentes de la autoridad que a su vez reciben instrucciones de la delegación del Gobierno y de la administración autonómica. Hablamos de productores de biomasa, silvicultura, aprovechamientos forestales, prevención de incendios, energías renovables, aserraderos, fabricantes de palets…”.

Elisa Díaz ha afirmado que “mientras antes se llenaban la boca hablando de la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables, ante esta crisis el gobierno de Sánchez limita el suministro energético a las energías fósiles emisoras de CO2 y pone en riesgo el abastecimiento de los ciudadanos, empresas y administraciones que han venido apostando por la biomasa como energía renovable y carbono-neutral”. “El Consell debe corregir la insuficiente concreción del Gobierno de Sánchez respecto a un sector que es esencial, el forestal”.

La portavoz popular ha indicado que “se trata de dar prioridad a actividades que luchan contra el cambio climático y contra la despoblación rural, de ahí la necesidad de considerar todas como esenciales, evitando pérdida de empleos rurales, siempre limitando la exposición de los trabajadores y garantizando su seguridad.”

Preguntas en el Congreso

En el mismo sentido, el diputado nacional por Alicante César Sánchez, portavoz de medio ambiente del Grupo Popular en el Congreso, ha trasladado esta petición al Congreso y ha realizado una serie de preguntas al Gobierno de España sobre si considera que la actividad forestal se encuentra entre las actividades esenciales recogidas en el anexo del Real Decreto Ley 10/202, si alguna de las actividades incluidas en el sector forestal quedaría excluida del criterio de esencial y si es consciente el gobierno que ha creado una situación de inseguridad jurídica ante la falta de concreción de la norma.

Sánchez ha señalado que “las empresas del sector forestal se están encontrando en una difícil situación al no saber si podían continuar con su actividad y si al hacerlo se exponían a una sanción. Urge una aclaración ante esta nueva chapuza de un gobierno que está demostrando estar desbordado en esta crisis, incapaz para gestionar”.

Por último, César Sánchez ha concluido que “esta falta de directrices por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico es una irresponsabilidad grave”.