El PP pide a la Fiscalía que acuse cuando los vecinos denuncien a los «okupas»

Ribó no ha adjudicado más de la mitad de las 400 viviendas sociales que tiene el Ayuntamiento

El PP ha pedido esta mañana al fiscal provincial, José Ortiz, que asuma las denuncias que interponen las comunidades de vecinos en los casos de ocupación de viviendas, y que ejerza la acusación, algo a lo que no están legitimados dichas comunidades ya que la ley solo deja personarse al propietario del inmueble.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, acompañada por el senador del mismo partido, Fernando de Rosa, se han entrevistado esta mañana con el fiscal jefe provincial para analizar la problemática de la ocupación de viviendas, práctica que va en aumento en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Valencia especialmente este último año.

Los “populares” han explicado que el PP pretende legitimar a las comunidades de vecinos para que puedan ejercer la acusación en causas de ocupación, ya que además del perjuicio que causan a la propiedad de la vivienda, habitualmente también generan problemas de convivencia en dichas comunidades. Esta medida y otras quedaron plasmadas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada por elo PP en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de julio.

Según ha señalado Catalá, las denuncias por ocupación durante el primer semestre del 2020 han crecido un 29,6 por ciento en la provincia de Valencia respecto al primer trimestre de 2019, muy por encima de la media nacional y autonómica. En la Comunitat Valenciana ese incremento ha sido del 14,1por ciento mientras que en el ámbito nacional se ha producido un incremento del 5,03 por ciento. Si en el primer trimestre de 2019 se ocuparon 496 viviendas en la Comunitat, en el primer trimestre de 2020 la cifra aumenta a 566. En la provincia de Valencia, en el primer trimestre del año pasado se ocuparon 257 viviendas, mientras que en 2020 han sido 333.

De esta manera, la portavoz ha considerado esencial que “exista una información concreta sobre la ciudad de Valencia, que es la que más viviendas y población tiene de la provincia, para propiciar una mayor coordinación desde la Delegación de Gobierno con la Policía Local de Valencia para actuar con rapidez y evitar que se incrementen estos casos”. Y en este sentido, portavoz y senador han propuesto la creación de una Oficina Antiokupas de asesoramiento para los vecinos y comunidades de propietarios que sufran la ocupación de sus viviendas, así como un teléfono de información.

Catalá ha señalado que la actuación debe dotarse también de una vertiente social y ha denunciado la falta de impulso de las políticas de vivienda social del gobierno del alcalde Ribó y el PSPV, “que tiene en la actualidad 207 viviendas sociales municipales sin asignar a personas y familias que lo necesitan”, del total de 400 viviendas sociales que dispone el Ayuntamiento. Además, “en 2020 solo se han asignado 16 viviendas sociales en Valencia”.

En relación con las actuaciones de carácter social para reducir las ocupaciones, la portavoz popular ha denunciado también que “el 60 por ciento de los solicitantes de un alquiler asequible al Ayuntamiento no lo obtienen, lo que supone que en la actualidad haya 1.800 personas esperando estas ayudas”.

Por todo ello, la portavoz popular ha reiterado que el “debate sobre el problema de las ocupaciones de viviendas se debe hacer desde una perspectiva social y no ideológica, para evitar situaciones como la vivida recientemente en una ocupación de una vivienda del bloque de portuarios en Valencia, que causó inquietud a los vecinos por la intervención del vicepresidente segundo del Consell, Martínez Dalmau para evitar el desalojo”.

Por su parte, el senador de Rosa ha explicado que la proposición de Ley que el PP defiende recoge una serie de modificaciones legislativas en las que se recupera el delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años; se pide que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos y prohíbe que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas, como ocurre actualmente, además, de la ya citada legitimación a las comunidades de vecinos para actuar ante los tribunales

Moción en los ayuntamientos

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciado este lunes que van a presentar en todos los ayuntamiento de la Comunitat Valenciana una moción que reclame la aprobación de la propuesta presentada por este partido en el Congreso para evitar la ocupación ilegal de viviendas.

Bonig ha señalado que más de 1.300 viviendas del parque público de la Generalitat están ocupadas ilegalmente, y 840 vacías porque “el Consell no invierte y eso es una estafa para las 25.000 familias” que están en lista de espera y cumplen la ley para acceder a una vivienda con un alquiler social.