La Diputación de Alicante y la Conselleria de Igualdad coordinan un programa de servicios sociales municipales

La Diputación de Alicante ha aprobado hoy por unanimidad en el pleno los primeros contratos programa destinados a financiar los servicios sociales municipales, que se enmarcan en el acuerdo de colaboración alcanzado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha puesto como ejemplo de “coordinación” y resultado del “consenso y la voluntariedad y no de la imposición”.

Concretamente, durante la sesión plenaria se ha dado el visto bueno a 14 procedimientos por los que la institución asumirá en los próximos cuatro años, con más de doce millones de euros, el coste de las prestaciones sociales y las plantillas de los equipos base de once municipios– Agost, Banyeres de Mariola, Benitachell, Bigastro, Cox, Dolores, Monforte del Cid, Los Montesinos, Onil, Sax y Jijona- y tres mancomunidades de servicios sociales -La Vega; Pego, L’Atzúvia y Les Valls; y Marina Baixa-. El presupuesto consignado para 2021 para este fin asciende a 3,1 millones de euros

El presidente de la Diputación ha valorado “muy positivamente la coordinación alcanzada entre la institución provincial y la Conselleria que dirige Mónica Oltra para desarrollar estos programas”, al tiempo que ha destacado que esta iniciativa “responde a un acuerdo alcanzado de forma voluntaria, sin imposiciones y fruto de la asunción, por parte de la Generalitat, de las competencias impropias que ejercía la Diputación”.

“Así sí se hacen las cosas cuando se pretende el bienestar de la ciudadanía, buscando el acuerdo a pesar de pertenecer a partidos distintos y a gobiernos distintos. Esto es un ejemplo de cogobernanza y coordinación”, ha insistido el presidente, quien ha avanzado que en un futuro se irán incorporando a estos contratos programa nuevos ayuntamientos, a los que también se está ayudando desde la institución para el mantenimiento de sus servicios sociales, pero vía subvenciones directas.

La unanimidad ha marcado también la gran mayoría de las votaciones del pleno ordinario celebrado esta mañana en el que, además, se ha dado el visto bueno a dos convocatorias de ayudas de Medio Ambiente para la construcción de centros de compostaje comunitario, dotada con 140.000 euros, y para la restauración de zonas degradadas, con 400.000 euros.

En materia de Cultura, por su parte, la vicepresidenta primera y diputada del área, Julia Parra, ha anunciado en el pleno que con los cambios introducidos en la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de monumentos municipales e iglesias, que han sido aprobados por todos los grupos políticos, se pretende ampliar los plazos más allá del 15 de noviembre. “Ante las numerosas solicitudes presentadas, vemos necesario permitir a los ayuntamientos la ejecución de las obras hasta el 15 de julio de 2022 y la presentación de los justificantes de gasto hasta el 31 de julio de 2022″, ha detallado.

Mociones

Por otra parte, la Diputación de Alicante ha mostrado en el pleno su rechazo a la propuesta de Compromís de imponer una tasa turística en la Comunitat Valenciana. Todos los grupos políticos – PP, Cs y PSOE- han votado en contra de la moción presentada por el portavoz de la coalición, Gerard Fullana, para fijar esta tasa al entender el resto que perjudica al sector.

“Imponer una tasa turística es un desacierto absoluto, supone morder la mano de la principal industria de nuestra provincia”, ha señalado en este sentido el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Dolón, para quien esta propuesta es “letal para la recuperación del sector turístico de la Comunitat, al que situaría en desventaja con respecto a otros destinos”, al tiempo que ha abogado por “una política que incremente la inversión en turismo en vez de castigarla con impuestos”. Asimismo, ha recordado que la propuesta defendida por Compromís “ha conseguido aunar a todo el sector, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones y sin ningún tipo de dudas en contra de la tasa turística”.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha rechazado también la propuesta, que considera que “representa el modelo del Botànic para salir de la crisis en la que nos encontramos, que consiste en subir impuestos o crearlos de la nada”. Según ha mantenido, “la medida va en contra de nuestros intereses y hace más vulnerable a nuestro principal sector económico que, cuando está atravesando su peor crisis con pérdidas de 10.000 millones de euros, lo que necesita es el respaldo de las instituciones con soluciones para la reactivación y no más trabas ni gravámenes para quienes nos visitan”. El titular de Infraestructuras ha pedido la ampliación del bono viaje para que contemple una partida específica para personas mayores que complemente el programa nacional del Imserso. También ha defendido medidas para combatir la oferta turística irregular, “en lugar de hacer pagar más a aquellos que ya cumplen y contribuyen”.

Desde el Grupo Socialista, la diputada Mª Teresa García ha trasladado también la oposición de su formación a esta tasa. “Se trata de un debate inoportuno y fuera de lugar”, aunque no ha descartado debatirlo en un futuro, y ha añadido que “imponer un impuesto nuevo al turista es un error estratégico, económico, social y de imagen”.

El equipo de gobierno de la institución provincial ha aprovechado también la sesión plenaria para reclamar, a través de una moción suscrita por PP y Cs, un aumento de la inversión para la provincia de Alicante en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, ya que estos solo destinan 97,7 euros por alicantino frente a los 274,4 de la media nacional y los 239,3 de la media de la Comunitat.

El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha pedido al pleno el rechazo unánime de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 por “mantener Alicante como la provincia menos dotada de toda España en materia de inversiones, en la última posición, en el puesto número 52, con solo 98 euros para cada alicantino”. Según ha asegurado, “el recorte ha adelgazado proyectos ya aprobados y comprometidos hasta casi convertirlos en invisibles, como el acceso de la N-332 al Hospital de La Vila, que ha pasado de un mes a otro de 18 a 3 millones, por no hablar de tren al aeropuerto o las cercanías”. El diputado ha preguntado “qué le ha hecho Alicante al Gobierno de Sanchez, acaso nos castigan, a instancias del PSPV y de Compromis, por ser la provincia rebelde de la Comunidad abocada a la infrafinanciación y a la infrainversión”.

En la defensa de la moción presentada por el equipo de Gobierno, formado por PP y Cs, y en la que la oposición se ha abstenido, Gutiérrez ha asegurado que también a nivel autonómico Alicante está en desventaja con la tercera parte de las inversiones que las otras dos provincias de la Comunitat. Ha mostrado su deseo de que con los 300 millones que administrará directamente el Gobierno autonómico “se compense el agravio a nuestra provincia” y se retomen proyectos como el desdoble de la 332 en Torrevieja, la ronda sur de Elche, el tren de la costa, nuevas salidas en la antigua AP-7 o un tercer carril en la circunvalación de Alicante.

Finalmente, los grupos de gobierno también ha impulsado una propuesta para exigir al Consell la defensa de las señas de identidad de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el diputado popular y responsable de Carreteras, Alejandro Morant, ha enumerado algunos de los “ataques” a la identidad valenciana como el Real Decreto del Gobierno que atribuye el origen de las bandas de música valencianas a un movimiento cultural originado en Cataluña, la publicación en las redes sociales de la Generalitat de una publicación que señalaba que el Mercado Central de Valencia es “una obra pública del Països Catalans”. La oposición no ha querido sumarse a la moción.

“Lo mínimo que debemos hacer ante estos ataques injustificados a la historia y la identidad de la Comunitat es defendernos”, ha indicado Morant, quien ha criticado que desde el Gobierno del Botànic se destinen más de 7 millones de euros a financiar a asociaciones y entidades que “promueven el pancatalanismo y el Països Catalans”.

Asimismo, durante el pleno ha salido adelante, con el voto de PSOE y Compromís, la abstención de Cs y el voto en contra del Grupo Popular, una moción, firmada por Fullana, para condenar la “corrupción estructural del Partido Popular”.

Por otra parte, todos los grupos políticos han firmado una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

Participación ciudadana

Finalmente, durante la sesión celebrada esta mañana, el presidente de la Diputación ha invitado a representantes del grupo de interinos de la institución, con quienes se había reunido previamente a las puertas del Palacio Provincial, a tomar la palabra en el salón de plenos para exponer las demandas de este colectivo que está a la espera de la tramitación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes contra la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Se trata del primer colectivo que interviene en un pleno tras la aprobación del Reglamento Orgánico de la Diputación en el que se promueve la participación ciudadana.