Mazón atiende a trabajadores interinos de la Diputación de Alicante para abordar su situación laboral

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha atendido este miércoles, minutos antes de celebrarse el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, a trabajadores interinos de la institución que están a la espera de realizar sus respectivos procesos selectivos, cuya paralización reclaman. Mazón, quien ha escuchado las demandas del colectivo, les ha trasladado que “por un principio de prudencia y cautela” la institución provincial así lo ha hecho, a la espera de la tramitación del Real Decreto-ley 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes contra la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Este texto, cuyo proyecto de ley tramita actualmente el Congreso de los Diputados, establece el régimen jurídico de los procesos de estabilización y recoge que aquellas convocatorias publicadas en el Diario Oficial con anterioridad al 8 de julio de este año seguirán ejecutándose. En ese supuesto se encuentran un total de 14 procesos selectivos que afectan a 271 plazas de la administración provincial.

Tanto Mazón como el diputado de Recursos Humanos, Javier Sendra, han trasladado a la decena de trabajadores con los que han hablado esta mañana que estos procesos se encuentran paralizados, en concreto 36 expedientes que atañen a 190 plazas, hasta la regulación de la futura ley. Asimismo, otros tres procesos más aprobados por Junta de Gobierno con fecha anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, que incumben a seis plazas, no llegaron a publicarse.

El departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante ya tomó la decisión, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de diciembre de 2015, de declarar con efectos del 1 de enero de 2016 el carácter indefinido de 295 empleados, “poniendo de manifiesto la sensibilidad y preocupación de esta institución por dichos trabajadores”, según ha detallado Sendra.

Ahora la Diputación, considerando esta situación de transitoriedadhasta que se tramite la ley, atiende la demanda de paralizar los procesos, “por prudencia y cautela”, entendiendo también, por otra parte, a los aspirantes afectados por dicha acción que se proponen obtener una plaza en propiedad y que han abonado ya la tasa de inscripción.