La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud recurre a la Audiencia para imputar a Polo (CHJ)

La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Valencia en el que solicita la imputación tanto del presidente de la CHJ, Miguel Polo, como del director general de Emergencias, Javier Martín Moratilla; Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias; e Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias. La Asociación se ha dirigido de este modo a la Audiencia después de que la jueza instructora rechazara el recurso de reforma contra su decisión de no imputar a los susodichos.

Así, la representación legal de la Asociación de Damnificados considera, en el caso de Miguel Polo, que "ha reconocido que su organismo no efectuó llamadas telefónicas de aviso durante el episodio de crecida del Barranco del Poyo, limitándose únicamente al envío de correos electrónicos". Por ello, consideran "incomprensible para esta parte que no estimara necesario comunicar directamente a los allí reunidos el desbordamiento del barranco, con el objetivo de facilitar una respuesta más ágil y eficaz".

Continúa el recurso que "la declaración prestada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé ha servido para confirmar la pasividad del Miguel Polo , al señalar que este no trasladó al CECOPI ni la existencia de los correos electrónicos enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar ni, mucho menos, el contenido de los mismos. Esta omisión resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que el Sr. Polo ostenta la presidencia de dicho organismo y, al mismo tiempo, forma parte del CECOPI, órgano encargado de coordinar la respuesta ante emergencias de esta naturaleza".

Incide en que “la rambla del Poyo dispone de un punto de control automático de caudales en el cruce de la rambla con la carretera A-3 a efectos de comprobación de datos”. Es, por tanto, desconcertante que, pese a disponer de esos datos, no se interrumpiera el tráfico a tiempo, con el resultado fatal de que uno de los familiares de los denunciantes a los que representa esta parte falleció en ese mismo punto", y considera con estos datos que "el nexo causal queda más que acreditado".

Respecto a Javier Martín Moratilla, director general de Emergencias, considera el recurso que tiene responsabilidad penal "en tanto que ostentaba la máxima autoridad operativa en materia de gestión de emergencias dentro del ámbito de la Generalitat Valenciana, y por tanto estaba legal y funcionalmente obligado a prevenir riesgos, planificar respuestas eficaces y garantizar la información a la ciudadanía". Además, le achacan a dicho director general permitir una pausa de más de dos horas en la reunión de Cecopi".

De Jorge Suárez, subdirector de la Agencia de Emergencia, considera el recurso que "no adoptó ninguna medida proactiva ni emitió instrucción alguna eficaz dirigida a alertar a la población, a los ayuntamientos afectados o a desplegar operativos preventivos o de evacuación".

Por último, señala respecto a Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias que "pese a su acceso a la información crítica y al conocimiento de los informes pluviométricos y de caudales, no promovió ni ejecutó acción preventiva efectiva", por lo que "incumplió gravemente su deber de garante".

Por todo ello, considera la Asociación de Damnificados Horta Sud, que sin restar un ápice de responsabilidad a los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, deben serlo también los cargos anteriormente citados, y consideran que la resolución de la jueza instructora negado esta petición "es perjudicial y lesiva" para los asociados, por lo que elevan el recurso a la Audiencia de Valencia.