La exconsellera Pradas se queja ante el Poder Judicial de la actuación de la jueza de la dana

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, única imputada junto al que fuera su número dos, Emilio Argüeso, en la causa que investiga la trágica dana del 29 de octubre, ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza que instruye la causa. En un comunicado, su defensa asegura que esta reclamación es "en relación con la instrucción de la causa judicial que investiga los sucesos ocurridos el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana".

En el texto se señala que la queja, firmada por el abogado Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, "denuncia que el derecho de defensa de la señora Pradas está siendo gravemente afectado por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia)"

Según explica el letrado, “la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial". Sin embargo, añade el escrito, "hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento”.

Entre los motivos de la queja destacan la "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; "la predeterminación del objeto de la instrucción" y "la denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes". Asimismo, la defensa de la exconsellera también justifica la reclamación ante el CGPJ por "la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones" y "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial"

En el comunicado, la defensa de Pradas "denuncia el uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales, así como la excesiva duración en la práctica de diligencias de prueba". En palabras de Eduardo De Urbano, "el respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de Ética judicial". "Por ello, solicitamos al CGPJ que analice los hechos expuestos y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho”, concluye el comunicado.