Alegría contenida en el Consell ante el nuevo modelo de financiación autonómica

Con un documento de 240 páginas, el Ministerio de Hacienda ha remitido a medio día de hoy a las autonomías el “esqueleto” del que será, con todas las modificaciones que se le realicen, el próximo sistema de financiación autonómica. Lo principal: el criterio de población ajustada es el predominante. De esta forma, la que ha sido una reivindicación histórica desde la Comunidad Valenciana -independientemente de quien gobernara- se ha impuesto en el nuevo modelo.

Esto implica que la Comunidad recibirá, por fin, los fondos que le corresponden para sus cinco millones de habitantes, puesto que con el modelo actual, la gran variedad de fondos y criterios que se utilizan para determinar la distribución desvirtúan el criterio del número de habitantes.

Desde la Generalitat valenciana siempre se ha defendido que es precisamente el número de ciudadanos lo que debe determinar la cantidad de fondos para sanidad, educación y servicios sociales que se reciben, puesto que son personas las que utilizan dichos servicios.

Como novedades, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual del 38 % a una horquilla entre el 40 y el 45 %; mientras la educación pasaría del 20,5 % hasta una horquilla que varía entre el 25-30 %, en la que la educación no universitaria sería un 75-80 % de la misma y la universitaria el resto.

La ponderación del gasto en servicios sociales se abriría del 8,5 % a una franja entre un 6 y un 10 %, en la que el padrón de los mayores de 65 años pesaría entre un 80 y un 90 % y el de los parados entre un 10 y 20 %; mientras que la ponderación del resto de servicios se reduciría del 30 % a un baremo entre el 18 y el 22 %.

Finalmente, las denominadas “variables de corrección no poblacionales”, que buscan garantizar una adecuada prestación de servicios en comunidades cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto, pasarían de ponderar el 3 % a una horquilla entre el 3 y el 4 %.

Alegría contenida

Desde la Conselleria de Hacienda de la Generalitat valenciana prefieren mostrarse cautos. El conseller, Vicent Soler, ha considerado una “victoria colectiva de la sociedad valenciana” que el Ministerio haya, por fin, tenido en cuenta la propuesta histórica de la Comunidad, aunque ha pedido prudencia.

Ha recordado que se trata de un documento muy técnico y complejo que habrá que estudiar con detenimiento para determinar si es necesario presentar alegaciones al mismo, para lo cual el plazo se extiende hasta el mes de enero.

Por ello, el conseller ha señalado que en breve convocará a la Comisión Corts-Consell, formada por todos los partidos con representación en Les Corts y a la Comisión de expertos en financiación. Soler ha recordado que el nuevo modelo de financiación no es una cuestión partidista, sino que se trata de algo que afecta a todos los valencianos y valencianas, por lo que debe de ser analizado por todos los grupos.

El responsable de Hacienda ha insistido en que “aunque el criterio de reparto es una de las claves del sistema, no es la totalidad del modelo” y ha señalado que “pese a que es un avance muy significativo, podremos valorar de forma conjunta el impacto real para la Comunitat cuando conozcamos el diseño final del sistema”.

Por su parte, el PP cree que la Comunitat Valenciana sigue perdiendo peso con la propuesta de cálculo de la población ajustada remitida por la ministra de Hacienda, y califica el documento de “mala noticia” para los valencianos porque no reconoce la deuda histórica.

El portavoz de Hacienda y Presupuestos del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado que con la propuesta enviada “no sabemos qué pasa con el statu quo, no sabemos qué pasa con la deuda histórica, y no sabemos tampoco la variable exacta de la población”.

La Comunitat Valenciana representa por población ajustada el 11,06 % y con las modificaciones presentadas por el Gobierno de España “sigue perdiendo peso”, ha criticado. Ibáñez señala que no se han tenido en cuenta todos los informes de los expertos de la Comunitat Valenciana, ni el que se emitió y envió al propio Ministerio de Hacienda.