El Gobierno valenciano confía en Francis Puig, “hay dudas de que pudiese cometer algún delito”

La Generalitat ha iniciado desde el año 2015 cerca de 40 expedientes administrativos o judiciales dirigidos a la recuperación de activos pertenecientes a la Generalitat, sustraídos “ilegítimamente como consecuencia de diversos casos de corrupción de gobiernos anteriores”. Como resultado de estas acciones, en los últimos siete años, se han devuelto a las arcas públicas 7,3 millones de euros, que podrán duplicarse hasta alcanzar los 14 millones de euros. Sin embargo, en estos cálculos no entran las subvenciones que, de manera irregular, ha podido recibir el empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana, y su socio, Juan Enrique Adell Bover.El montante total, según el PP, es de 1,2 millones de euros.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha dicho hoy en Les Corts que aún no ha decidido personarse en esta causa porque existen “dudas razonables” de que se haya cometido algún tipo de delito, pues por ahora no se ha “acreditado” ninguna conclusión.

La diputada del PP Eva Ortiz le ha preguntado cuándo se personará la Abogacía de la Generalitat en la causa judicial y ha dicho que tanto Francis Puig como su socio han reconocido en sede judicial que presentaron facturas falsas, duplicadas o por otros conceptos para lograr subvenciones de la Generalitat Valenciana, del Gobierno de Aragón y de la Generalitat catalana, un fraude que llegaría a los 2 millones sumando a las que afectan a los gobiernos aragonés y catalán.

La diputada del PP ha reprochado a Bravo que la Generalitat aún no haya hecho nada para intentar recuperar ese dinero público, le ha preguntado cómo no fue detectado por los controles de la Administración y le ha insistido para que responda cuándo se personará la Abogacía de la Generalitat en esa causa para defender tanto por la vía civil como la penal que se devuelva ese dinero. El Consell tiene “un doble rasero” para pedir responsabilidades porque “afecta directamente a un hermano del presidente Ximo Puig”.

La consellera le ha espetado que sabe “perfectamente” que la Generalitat no puede personarse todavía en este caso porque no hay “ninguna conclusión” de que haya falsedad documental o de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros, fijada como límite para que se investigue como delito de fraude, motivo por el cual la fiscalía ha pedido sendos informes a la Intervención tanto de la Generalitat Valenciana como de la catalana. “Lo que sí sabemos que de todos los controles realizados por la Administración a las empresas de Francis Puig ha salido impoluto y por eso no hay reclamación alguna”.

“Si no se da esa premisa, no es un fraude”, ha insistido Bravo, pues “a pesar de los más de 388 folios de informe de la Guardia Civil hay dudas más que razonables sobre la comisión de delito de fraude en las subvenciones, y ha cargado contra Ortiz por querer “confundir a la opinión pública” con el “bulo” que ha fabricado el PP en torno a este asunto.