La defensa de Francis Puig trata de aclarar «malos entendidos» de la UCO

El abogado del empresario castellonense y hermano del presidente de la Generalitat Francis Puig ha asegurado esta mañana que en ningún caso las cantidades que supuestamente se adjudicaron de forma irregular a las empresas de su defendido superan los 120.000 euros, por lo que descarta el fraude de subvenciones y se centra en aportar documentación para rebatir la posible acusación de falsedad. Javier Falomir ha explicado a la salida del juzgado que la Guardia Civil había interpretado mal el objeto penal del fraude de subvenciones y que en cualquier caso, los 120.000 euros deberían haberse cobrado irregularmente y de una sola subvención.

No fue esta la única discrepancia con la Guardia Civil que narró el abogado, quien ha dicho que la investigación de los agentes «había sido desafortunada» y que había hecho mucho daño «a mi cliente y a su familia».

Francis Puig declaró este lunes como investigado y durante cuatro horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València en el marco de una causa abierta, tras una denuncia del PP, por un supuesto fraude de subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña.

A la salida del juzgado, el hermano del presidente Ximo Puig, en una extraña actitud, ha evitado hacer declaraciones y se ha mantenido al margen, tomando fotografías y vídeos a los periodistas, mientras su letrado, Javier Falomir, daba explicaciones a la prensa.

A juicio de Falomir, «a raíz del informe de la Guardia Civil en estos momentos ya no nos centramos en un posible fraude de subvenciones, sino en falsedad con alguna factura».

Según el letrado «la fiscal ha preguntado sobre todo, tomando como guión el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil; quiere que le justifiquemos documentalmente los pagos y prestaciones de servicios cobrados o pagados, y es lo que vamos a hacer a continuación, aportar absolutamente todo. La verdad es que estamos contentos». En opinión de este abogado, la Guardia Civil parte en su informe de cuestiones que «podría haber hecho mejor, en el sentido de haber comprobado los domicilios fiscales vía Hacienda, o pedir certificados y altas registrales de los domicilios». Estos cambios de domicilio, según el abogado, podrían haber provocado las sospechas sobre falsificación documental y fraude que arguye la benemérita.

Sobre «las famosas ayudas de Avalem, aunque no concluye que haya problema con ellas, deja caer una serie de perlas en el informe que se las podría haber ahorrado», ha lamentado.

El letrado ha admitido que «en algunos casos no se acreditan ciertos pagos», pero ha atribuido este hecho a «compensaciones» entre firmas que eran suministradores y clientes al mismo tiempo de las empresas de Francis Puig, y puso como ejemplo a la Cadena Ser.

Otras fuentes presentes en el interrogatorio han señalado que Francis Puig ha culpado a la Generalitat de no haberle informado de que estaba justificando incorrectamente los gastos y que ha reconocido que hay facturas duplicadas entre la Generalitat valenciana y la de Cataluña, pero culpa a la valenciana de no informarle de que estaba mal.

Francis Puig ha declarado que la Generalitat nunca les dijo que hubiera nada incorrecto y nunca les requirió que devolviera ningún importe, pese a admitir que había aportado facturas que no se podían subvencionar, pero que la Generalitat «nunca le dijo nada».

Según dichas fuentes, Puig ha reconocido que la actividad de Mas Mut Producciones se realiza exclusivamente en Aragón, pero se subvenciona en la Comunitat Valenciana, y en este sentido, Pau Puig (hijo de Ximo Puig) trabajó para Mas Mut Producciones en las oficinas de comunicación de Morella y recibió subvención de Avalem Joves, pero la actividad de esa empresa es relativa a Aragón.

También habría reconocido que se han cargado facturas de un domicilio personal de Burriana que no tenía nada que ver con las subvenciones y no se debían haber cargado, si bien su abogado habló de cambios de domicilio social de sus empresas.

Por último, las fuentes aseguran que para justificar la subvención de prensa escrita se imputaban facturas de materiales de radio y vídeo, algo que califican de incompatible y que ha reconocido que duplicaba conscientemente los gastos en Cataluña y en la Generalitat Valenciana porque entendía que estaba bien así.