El PP lleva al juzgado las declaraciones de Bravo sobre Francis Puig, “ha revelado datos que están bajo secreto de sumario”

“A pesar de los 388 folios del informe de la Guardia Civil no hay ni un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros”. Esta es la afirmación que ha hecho la consellera de Justicia, Gabriela Bravo para justificar que la Abogacía de la Generalitat valenciana no se haya personado en el caso de las subvenciones fraudulentas por el que está siendo investigado Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.

La presidenta del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado este jueves que va a presentar una queja ante el juzgado número 4 que investiga la citada causa. “Es evidente de dichas manifestaciones de la señora Bravo que ha tenido acceso al informe emitido por la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, mandatada por este Juzgado y en el seno de esta instrucción”.

“Este informe, como todos los documentos obrantes en autos, está protegido por el secreto de la instrucción frente a todos aquellos quienes no son parte. Queremos saber quién le ha facilitado el acceso a ese documento”.

La diputada popular se ha mostrado sorprendida de que Bravo, fiscal de profesión, “muestre tan poco respeto a las instituciones judiciales, al revelar datos que no debería tener por hallarse bajo secreto de sumario”.

Así, Eva Ortiz ha manifestado la consellera de Justicia “deberá explicar cómo ha tenido acceso a esa documentación, si no es parte de la causa, hasta el detalle de decir qué se cita y qué no en los párrafos de dicho informe”.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha defendido en Les Corts que aún no ha decidido personarse en esta causa porque existen “dudas razonables” de que se haya cometido algún tipo de delito, pues por ahora no se ha “acreditado” ninguna conclusión.

La consellera, ante las críticas de la popular, ha respondido que sabe “perfectamente” que la Generalitat no puede personarse todavía en este caso porque no hay “ninguna conclusión” de que haya falsedad documental o de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros, fijada como límite para que se investigue como delito de fraude, motivo por el cual la fiscalía ha pedido sendos informes a la Intervención tanto de la Generalitat Valenciana como de la catalana. “Lo que sí sabemos que de todos los controles realizados por la Administración a las empresas de Francis Puig ha salido impoluto y por eso no hay reclamación alguna”.

“Son bulos del PP”

La síndica del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ana Barceló, ha afirmado este jueves que “cuando al PP no le gustan las explicaciones se va al juzgado pero la realidad es que hoy sus bulos han quedado retratados”. Así se ha manifestado Barceló, tras las declaraciones de la popular Eva Ortiz, a quien ha preguntado “por qué se empeña en judicializar la política” y le ha recordado que “igual que ha pasado en otras ocasiones que ha llevado al juzgado a algún diputado socialista por recordarle su pasado y luego ha quedado en nada”.

Desde la Conselleria de Justicia apuntan además que la información a la que se ha referido Bravo ha salido publicada en Prensa.