Carlos Mazón pide en su recurso ante el Tribunal Supremo que se suspenda ya el recorte del trasvase Tajo-Segura

La Diputación de Alicante interpondrá mañana un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del Gobierno que aprueba el Plan Hidrológico del Tajo que, a su vez, prevé un aumento de los caudales ecológicos del río y, en consecuencia, un recorte en la cantidad de agua que se trasvasará al Segura. Así, el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha explicado que se pide la suspensión cautelar e inmediata del primer aumento del caudal ecológico por los daños irreparables que causa en la economía y el medio ambiente de la provincia de Alicante.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar el recurso, Mazón ha explicado que “la decisión arbitraria del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para nuestro territorio”. “La Generalitat sí acepta esa primera subida, la Diputación no”.

Acompañado, de la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el director del Instituto Universitario del Agua, Andrés Molina, Mazón ha recalcado que el recurso de la Diputación se acompaña de diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos sobre las consecuencias que la nueva planificación del Tajo tendrá sobre la cuenca del Segura, ya que solo esta primera elevación de un metro cúbico por segundo – de 6 a 7 m3/s- produce una merma de 28 hm3 de agua disponibles.

“Este primer hachazo al trasvase Tajo-Segura supone, solo en la provincia de Alicante, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, unido a la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores”, ha alertado Mazón, quien ha advertido además de la destrucción de suelos, el avance de la desertificación y la disminución de caudales circulantes en el río Segura que la medida va a acarrear.

Los Servicios Jurídicos provinciales argumentan también en su solicitud de medida cautelar la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales y alegan, en este sentido, que no se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica que pruebe que el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque hasta la confluencia con el Jarama, ni los siguientes incrementos, vayan a suponer un cambio significativo y una mejora sobre la calidad del agua o el estado ecológico de la cuenca cedente “mientras que, sin embargo, los perjuicios en la cuenca del Segura serán extremadamente graves”, ha indicado Mazón.

Asimismo, el recurso contencioso-administrativo advierte del coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada, lo que se traducirá también en un aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, sino también para el abastecimiento urbano.

Al mismo tiempo, se pone sobre la mesa que los daños ocasionados por el recorte del trasvase Tajo-Segura no podrán compensarse con subvenciones y que la intención del Gobierno de aumentar las infraestructuras y la capacidad de las desaladoras conllevará una tramitación administrativa que se alargará incluso años.

Rendición a plazos

Carlos Mazón ha apuntado, por otra parte, que el rechazo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la oferta de la Diputación de coordinar la defensa jurídica del trasvase, como sí se ha hecho desde la institución provincial con Murcia y con Almería, “puede condicionar negativamente” la decisión de Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar, ya que la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026.

Al respecto, ha insistido en que “no tiene ningún sentido solicitar la suspensión cautelar de algo que tiene que pasar dentro de tres años como está haciendo la Generalitat y no tiene tampoco ningún sentido que en su recurso se avale el aumento del caudal ecológico a 7 metros cúbicos cuando hay informes que demuestran que los daños son irreparables ya con esta primera subida, como está ocurriendo”.

“Esto supone una rendición a plazos de Puig, un engaño más en ese teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE que nos puede llevar, desgraciadamente, a una resolución por parte del Tribunal Supremo contraria a los intereses de la provincia de Alicante. Ello sería imperdonable”, ha manifestado el presidente de la Diputación.