Trasvase Tajo- Segura: ¿Agua desalada más barata o abrir la vía judicial?

El agua volverá a ser un asunto del que hablar en la próxima campaña electoral. No es la primera vez y lo más probable es que no sea la última. Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Hidrológico del Tajo, se abre una nueva etapa en la que la Generalitat valenciana deberá decidir hasta dónde es capaz de llegar.

De momento, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se ha apresurado este miércoles a en avanzar una medida de urgencia para reducir el impacto que el recorte del trasvase Tajo- Segura pueda tener en la agricultura.

El Gobierno valenciano rebajará en diez céntimos el precio del agua desalada fijada por el Gobierno, con lo que pasará de 34 céntimos por metro cúbico a 24.

«Seguiremos ayudando a los regantes porque el gran objetivo no es la utilización política del agua, sino que la Comunitat Valenciana tenga agua para siempre, y eso lo vamos a conseguir».

Puig solicitó también la convocatoria de la comisión bilateral sobre el plan del Tajo para fiscalizar el cumplimiento del mismo y en la que pide que estén presentes los regantes. Este foro permitirá saber si se ejecutan, por ejemplo, las obras de depuración, «nadie tiene más interés en que el Tajo esté bien que los valencianos».

Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales, volvió a repetir que no se descarta nada, y que la Abogacía de la Generalitat está estudiando qué medidas legales se pueden llevar a cabo.

Mucho más claro lo tiene la Diputación de Alicante que anunció ayer que sus servicios jurídicos ya preparan el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo (TS) contra la aprobación del plan de cuenca, ya que está convencida de que «la razón asiste» a los agricultores.

El presidente de la institución provincial alicantina y líder del PPCV, Carlos Mazón, aseguró que la Diputación no va a fallar «a nuestra provincia y a nuestros regantes. Vamos a por todas porque la razón nos asiste».

Del mismo modo, dijo que apoyará las manifestaciones que convoquen los regantes del Tajo-Segura contra esta «decisión injusta y arbitraria del Gobierno socialista».

Este asunto fue uno de los temas destacados de la sesión de controlo al presidente de la Generalitat. La síndica del PP, María José Catalá, acusó al Gobierno de haber cometido «el mayor ataque a los regantes en toda la democracia» y remarcó que todo este asunto lo que hace es demostrar que Puig es extremadamente «débil y sumiso» ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Y esto es solo la punta del iceberg».

La popular le pidió que aclarase el motivo por el que había realizado declaraciones diciendo que estaba «moderadamente satisfecho» con la decisión del Consejo de Ministros. Además, aseguró que el PP acudirá a los tribunales para defender a los regantes que han sufrido ya 22 recortes injustificados del Tajo- Segura.

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, que se estrenó ayer en el cargo, le exigió a Puig que sea más contundente con el trasvase y le brindó su apoyo si acude a los tribunales.

El otro asunto de la jornada fueron las renovables. En la tribuna de invitados había miembros de las plataformas que exigen su implantación racional y la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, preguntó a Puig sobre esta cuestión.

Le solicitó explicaciones sobre el criterio que prevalece para la aprobación de los planes y le advirtió de que si su desarrollo no se deja en manos de una empresa pública se producirá una nueva «burbuja especulativa».

El presidente Puig defendió la urgencia de actuar sobre esta cuestión para lograr no solo la soberanía energética, sino también la descarbonización. Así mismo, remarcó que se trata de actuaciones que siempre son reversibles.

Un hora más tarde, tras una reunión con los consellers con competencias en este ámbito, Puig anunciaba que la Generalitat ha informado favorablemente de 61 proyectos de instalaciones de energías renovables, el 57 por ciento de los 107 presentados cuyo plazo para la declaración de impacto ambiental terminaba este 25 de enero, lo que supone la aprobación de 1.356 MW de energía.