
Memoria Histórica
El Consell ve "fuera de lugar" el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno a la ley de Concordia: "Amplía la protección a las víctimas"
Camarero defiende que amplía el periodo de cobertura de la ley anterior y permite proporcionar reconocimiento y protección a un colectivo de víctimas mayor

El Consell considera que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno a la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana está "fuera de lugar" porque esta "amplía la protección y los derechos a las víctimas", según ha afirmado este martes su vicepresidenta, Susana Camarero.
Es "difícil vulnerar" la Constitución, según ese recurso, por parte de una norma que lo que hace es ampliar el periodo de cobertura de la ley anterior y permite proporcionar reconocimiento y protección a un colectivo de víctimas mayor, incluyendo a las víctimas del terrorismo de ETA y la Segunda República, ha manifestado Camarero.
La vicepresidenta ha hecho estas afirmaciones al informar, tras el pleno del Consell, de la concesión de una indemnización de 24.540 euros a una víctima de actos terroristas por daños físicos y psíquicos sufridos en un atentado de ETA en Benidorm en el año 2003.
Esta indemnización se concede ahora porque el plazo de solicitud va desde la fecha del atentado hasta un año después de la resolución del reconocimiento emitido por el Gobierno, que se produjo en octubre de 2024.
Se demuestra, ha dicho, que no se puede olvidar que ETA actuó en la Comunitat Valenciana "hasta no hace tantos años" y que las víctimas siguen "mereciendo" el apoyo, el reconocimiento y las ayudas que les corresponden según la ley.
También demuestra que la ley de Concordia aprobada por el PP y Vox es "más necesaria si cabe ante hechos como este" pues "pretende ampliar" el periodo de cobertura anterior en protección y derechos a las víctimas, que "siguen estando presentes en la actualidad y que requieren ayudas como esta", ha señalado.
El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente varios preceptos de la ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, que está recurrida por el Gobierno central por considerar que limitan y restringen los derechos de las víctimas.
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