La Generalitat da un paso más y eleva al Tribunal Supremo el reparto de menores no acompañados

El Gobierno valenciano ha dado un paso más para evitar que se lleva a cabo el reparto de menores inmigrantes no acompañados anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la petición a la Abogacía General de la Generalitat a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto anunciado el 22 de julio en el que se daba un paso más para regular las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

"Cada acto administrativo lo vamos a recurrir. Cada paso que dé el Gobierno lo vamos a recurrir", ha asegurado la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en la rueda de prensa del último pleno del Consell del curso.

Este recurso "complementa" al de inconstitucionalidad elevado el pasado mes de mayo y al que Camarero ha recordado que suscribieron once comunidades autónomas, entre ellas Castilla La-Mancha, gobernada por el PSOE.

"Es un reparto unilateral, no negociado con las comunidades autónomas, que invade nuestras competencias, no justificado ni negociado", ha especificado la vicepresidenta primera, que ha incidido en que no se han consultado las medidas. "Se decide el reparto por un criterio de población, pero por qué no por financiación autonómica o territorio", se preguntaba la consellera.

La titular de Servicios Sociales aseguró que en las últimas han mantenido conversaciones con agentes y entidades que han transmitido que "ni hay infraestructuras ni personal para atenderlos. No es que la Comunitat Valenciana sea o no solidaria con Canarias, sino que estamos en un porcentaje de ocupación del 160%", ha especificado, mostrando además el compromiso que asegura tiene el Consell con la infancia al haber aumentado 319 plazas de acogida, un 63% más que el Botànic, según Camarero.

Piden siete veces más dinero

La principal queja que aduce la Generalitat para oponerse es la falta de financiación para poder "mantener la calidad del servicio y dignidad que requieren" las personas.

En ese sentido, ha sacado a relucir el coste por persona que afronta el gobierno autonómico por menor acogido, que asciende a 218,55 euros. "Si dividimos los 73,4 millones por los 571 menores sale a 35 euros al día" la cobertura durante un año, ha esgrimido, Camarero, que ha cifrado en 45,5 millones de euros la cifra necesaria para poder acoger con las mismas condiciones que en la actualidad a los menores que ahora están en Canarias. Es decir, que el Consell pide al menos siete veces más que lo comprometido por el Gobierno de España para poder aceptar el reparto de menores.

Predicar con el ejemplo

En ese sentido, la vicepresidenta primera ha pedido al Gobierno de España que primero acoja a los 1.200 menores no acompañados en Canarias, para lo que el Tribunal Supremo le dio diez días el pasado 26 de marzo y que todavía a final de julio no había presupuestado.

"Ni tienen política migratoria ni son capaces de acoger los que les ordenan acoger. La Comunitat valenciana va a oponerse a este traslado no por falta de solidaridad. No podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento con sistemas de calidad altísimos", ha finalizado Camarero, que se ha despedido para emprender "un corto periodo de descanso".